Chile: Dueños de casinos populares piden reunirse con las autoridades municipales
Luego del operativo en Chillán en el que se cerraron varios locales, los dueños de los establecimientos exigieron una reunión con el alcalde, Camilo Benavente.
Chile.- El conflicto judicial entre la Municipalidad de Chillán y los dueños de los locales populares de juegos de azar no tiene fin. Luego de siete años de disputas, esta semana se volvió a encender la polémica luego del operativo policial en el que se clausuraron locales que funcionaban sin patente comercial.
Ante este nuevo accionar de la municipalidad, algunos de los locatarios solicitaron una reunión con el alcalde, Camilo Benavente, para buscar una manera de regularizar su situación y poder funcionar en regla.
El alcalde se mostró dispuesto a recibirlos, pero volvió a hacer hincapié en que en tanto no cuenten con la patente comercial, están funcionando de manera ilegal.
También destacó que el cierre obedece a una disposición legal de la Superintendencia de Casinos de Juegos, y no sólo a un cumplimiento de una ordenanza municipal.
Por su parte, el dueño de la sucursal Training Game, uno de los cerca de 20 casinos populares que hoy se cuentan en el casco comercial de Chillán, dijo: “Sabemos que aquí en Chillán no hay patente, hemos estado tramitando y viendo la posibilidad de hablar con alcalde para conseguirnos un permiso semestral, trimestral, como se estime, o algo donde nos pueda garantizar que podemos trabajar”.
En ese sentido, agregó que cree que las medidas de parte de la Municipalidad y los Carabineros son excesivas: “Está bien que ellos deben llevar un control en cuanto a todo lo que es los casinos aquí en Chillán, pero también podrían darse el tiempo necesario que nos regulen y nos registre”.
El alcalde Benavente insistió en que al no tener patente, no se encuentran en condiciones de trabajar: “La Contraloría, además, ha dicho que todos estos casinos utilizan máquinas de azar, lo que está prohibido por ley y es inclaudicable, porque esto no es una orden de un ministerio, ni de la Municipalidad, ni de alguna autoridad política; lo dice la Contraloría General de la República”.
Por esta razón, la municipalidad continuará con la inspección de estos centros y, en caso de reincidir en su contravención, se procederá a la clausura.
Como segunda instancia, en caso de rotura de sello, se llevará el caso a la Fiscalía, entidad que entre 2016 y 2017 consiguió condenas para más de una decena de sus propietarios.
