Chile anunció un proyecto para combatir el lavado de dinero y sus vínculos con el mercado de apuestas ilegales

El gobierno anunció el envío del proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito.

Chile.- El gobierno del país andino anunció el envío de un proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito como parte de su agenda legislativa en materia de seguridad. Esta iniciativa tiene como objetivo «elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en Chile, aplicando métodos sofisticados de inteligencia y obteniendo mayor información y trazabilidad de operaciones sospechosas.»

Uno de los principales enfoques de este proyecto será el perfeccionamiento de las sanciones relacionadas con los juegos de azar ilegales, considerándolos como la base del delito de lavado de activos.

En la presentación de los contenidos principales del proyecto participaron los ministros de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; de Hacienda, Mario Marcel; de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; y de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

La ministra Tohá, dijo: “Dentro de los diez ejes de nuestra Política Nacional contra el Crimen Organizado está desbaratar la economía del delito, desbaratar el negocio que está detrás del crimen organizado, que es una actividad económica, ilegal, pero económica, que lo que hace es mover y buscar dinero”. 

A su vez, la funcionaria agregó: “Este proyecto ataca al corazón de esa dimensión, pero además busca prevenir la corrupción que provoca el crimen organizado, que, donde entra llega a las policías, se mete en la judicatura, en los municipios, en los parlamentos. Por eso, controlar el dinero es también controlar la corrupción, es también controlar la manera en que este tipo de bandas, por el gran poder económico que tienen, logran meterse en las redes de las decisiones, corrompiéndolas y bajando la capacidad de reacción del Estado”.

Por su parte, el ministro Marcel explicó el proceso de seguimiento de la «ruta del dinero» en diferentes tipos de delitos. Destacó la detección de operaciones sospechosas como primer paso, seguido de una investigación exhaustiva y, en caso necesario, la aplicación de sanciones o medidas preventivas. El proyecto busca fortalecer cada una de estas etapas.

“Para la detección de conductas sospechosas, es fundamental el análisis de microdatos en base a metodologías de inteligencia artificial, que permitan identificar anomalías que se apartan de lo que uno esperaría de un contribuyente que esté realizando una operación de comercio exterior o de flujos de capitales”, dijo Marcel.

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El titular de la cartera de Hacienda agregó: “Luego, una vez que se identifica ese comportamiento sospechoso y sobre la base de los antecedentes que hay de carácter tributario, financiero y otras bases de datos, se puede ir siguiendo cuál es la ruta del dinero ‘aguas arriba’ o ‘aguas abajo’; es decir, de dónde viene y a dónde eventualmente se fue el dinero. Y una vez que se detecta una conducta cercana o indicativa de delito, es posible interrumpir ese flujo de dinero. Por supuesto, llega un punto en el cual ya pasa a las instancias propias de la administración de Justicia como el Ministerio Público. Pero es importante todo el trabajo previo que permite ir identificando ese tipo de operación”.

En resumen, este proyecto de ley considera tres ejes: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y mayores facultades intrusivas y sancionatorias.

En primer lugar, el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, particularmente creando unidades de inteligencia y de coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.

En este escenario y con el fin de robustecer el Sistema de Inteligencia del Estado en su dimensión civil, se propone la creación de unidades inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado. Estas unidades serán responsables de recopilar y analizar información en las materias de competencia de cada Servicio, con el fin de identificar patrones, relaciones y generar alertas para la detección temprana de conductas constitutivas de crimen organizado.

El segundo eje corresponde a la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, estableciendo requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas.  El proyecto incluirá una actualización de los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras, y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para que ninguna persona acusada o condenada en Chile por delitos contemplados en Chile o en el extranjero en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades, ni adquirir o mantener 10 por ciento o más de participación societaria en ellas.

Adicionalmente se establecerá una obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior, a fin de facilitar especialmente labores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Servicio Nacional de Aduanas (SNA) en materia de fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros, además de persecución del crimen organizado. Y quienes no presenten antecedentes patrimoniales plausibles o verificables respecto de las operaciones que realizan, serán objeto de fiscalización y revisión de antecedentes por el SII.

En esta misma línea, se proponen normas para explicitar la ilegalidad de la explotación de juegos de azar sin autorización legal, fortaleciendo las facultades de la Superintendencia de Casinos y Juegos en esta materia e incluyendo como requisito para la importación de máquinas el contar con autorización previa de esta Superintendencia, entre otras medidas.

Finalmente, el tercer eje corresponde a mayores facultades intrusivas y sancionatorias. Entre ellas se establece un conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros; establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas; y el perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos.

Al mismo tiempo, se modernizan y fortalecen los procedimientos internos a que está sujeta la UAF, el SII, y el SNA para la fiscalización y sanción de delitos dentro del ámbito de sus competencias. Finalmente, se consideran normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.

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