Causa contra el juego ilegal en Santa Fe: ordenan mantener bloqueadas las cuentas de los acusados
La justicia penal santafesina revocó la medida dispuesta por el juez Pablo Spekuljak de liberar las cuentas.
Argentina.- Finalmente se conoció el fallo del juez de segunda instancia, Sebastián Creus, quien ordenó volver a bloquear e inmovilizar las cuentas y criptoactivos de siete personas acusadas de organizar una estructura jurídica y financiera para captar apuestas de casinos online ilegales en la provincia de Santa Fe.
De esta manera, el magistrado del Colegio de Jueces Penales de Segunda instancia, revocó de manera parcial el fallo del juez Pablo Spekuljak quien había ordenado liberar más de USD1.3m en criptoactivos vinculados a una red de 385 sitios web de apuestas ilegales. La decisión de Spekuljak había generado un fuerte rechazo político e institucional, ya que ponía en juego la firmeza del Poder Judicial frente al avance del juego clandestino digital.
La apelación tuvo el impulso del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por los fiscales Agustín Nigro y Carlos Arietti, junto con las querellas presentadas en la causa, que representan los intereses del Gobierno de Santa Fe y de la empresa privada Casino de Santa Fe.
El juez Creus confirmó “lo que tiene que ver con las cautelares personales” dispuestas para los imputados, en tanto que revocó “las cautelares reales debiendo volverse al estado anterior, disponiéndose las mismas cautelares vigentes antes de la resolución impugnada”, según consta en el acta que trascendió en medios locales.
Es decir que por el momento y de cara a un futuro juicio oral, los activos digitales en criptomonedas, estimados en USD1.3m, continuarán congelados bajo la tutela de la Justicia provincial.
La causa, que investiga a siete imputados —cinco argentinos y dos brasileños—, reveló alias bancarios relacionados con apuestas, anotaciones manuscritas como “Gamming = Riesgo Penal” (sic) y flujos financieros compatibles con maniobras delictivas. El juez de primera instancia, Spekuljak, había autorizado la liberación de los fondos a cambio de una caución de apenas USD70.000, al considerar que no se podía estimar con precisión el perjuicio al Estado, sin embargo, con la decisión de Creus, se desestimó ese argumento.
