California prohíbe la comercialización y promoción de los sweepstakes
La medida, aprobada por unanimidad en la Legislatura, entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.
Estados Unidos.- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una normativa que prohíbe explícitamente la operación de plataformas de sweepstakes o “casinos de sorteos” en línea en el estado. El objetivo de la iniciativa legislativa es cerrar un vacío legal que permitía su funcionamiento y dejando fuera de la ley a numerosos operadores que ofrecían juegos tipo casino mediante modelos de doble moneda.
La Ley AB 831 prohíbe los juegos que operan sin un sistema de apuestas directo y con un modelo de doble moneda, y veta la promoción por parte de cualquier entidad, incluidos afiliados y procesadores de pago. Las violaciones se castigan como delito menor con multas entre USD 1.000 y USD 25.000 o pena de cárcel en la penitenciaría del condado hasta un año. La medida entra en vigor el 1 de enero de 2026.
Antecedentes y proceso legislativo
La ley fue propuesta por el asambleísta Avelino Valencia y co-patrocinada por la nación Yuhaaviatam of San Manuel, la California Nations Indian Gaming Association (CNIGA) y la Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations (TASIN). Finalmente, aprobada de manera unánime por la Legislatura de California y, tras su envío al despacho ejecutivo, recibió la firma del gobernador antes del plazo límite.
Analistas y la industria estiman que la prohibición representa un golpe significativo a una industria de miles de operadores y valorada en miles de millones a escala nacional, y que eliminará una porción importante del mercado en EE. UU. Las previsiones mencionan que la medida podría eliminar hasta alrededor del 20 por ciento del sector de sweepstakes en Estados Unidos, además de dejar a numerosos operadores y afiliados sin su negocio online en California.
California se suma a otras jurisdicciones que ya habían impuesto restricciones similares a plataformas de sweepstakes no reguladas, con el objetivo de proteger el mercado regulado y limitar prácticas que esquivan marcos fiscales y de control del juego
