Brasil podría recaudar cerca de USD 1.160 millones por año a través de las apuestas deportivas
El número se desprende de un estudio realizado por el analista de Jota Economics en Brasilia, Fabio Graner.
Brasil.- Mientras crecen las expectativas por una posible reglamentación de las apuestas deportivas en el país, Fabio Graner, analista de Jota Economics en Brasilia analizó la situación y aseguró que la regulación podría permitir que el gobierno recaude cerca de R$ 6 mil millones (USD 1.160 millones) al año.
Hace unos días, el diario Folha de Sao Paulo informó que el Ministerio de Hacienda envió el jueves 16 de febrero, el texto de la Medida Provisional que debe ser evaluado por la Casa Civil, y firmado por el presidente Lula da Silva una vez que finalice el Carnaval.
La idea del Ministerio es que salga este mes, aunque fuentes del poder ejecutivo deslizaron que el debate está avanzando, pero aún no se ha llegado a una conclusión definitiva.
Según JOTA, la idea es que aquellas casas de apuestas que no se registren y no se instalen formalmente en Brasil ya no podrán hacer publicidad, lo que representa un enorme mercado para el sector.
Actualmente, según el análisis del gobierno, de los 40 equipos de la serie A y B del campeonato brasileño, 38 tienen algún tipo de patrocinio en sus camisetas proveniente de sitios de apuestas deportivas, sin mencionar el volumen de publicidad en televisión, radio, internet e incluso en los propios eventos deportivos.
Con la Medida Provisional, las empresas tendrán seis meses para formalizar su situación en el país y, para poder operar, se exigirá un pago de concesión entre R$ 25 y R$ 30 millones, siendo el último número el más probable.
Con la regularización, deberán pagar el 10 por ciento de Impuesto sobre la Renta sobre los premios, además de las tasas normales de tributos sobre las ganancias de las compañías, de acuerdo con el régimen en el que se instalen, ya sea de beneficio real o presunto. La ley anterior ya preveía, y esto deberá continuar, una tasa de supervisión que se cobrará en relación con la facturación.
El pago de la concesión será único y servirá para promover la instalación de una área de supervisión del sector.
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Si bien la ley ya fue aprobada hace cuatro años, el Ejecutivo la tiene cajoneada y aún no fue reglamentada, es por eso que la expectativa crece entre las fuentes que aseguran que la falta de regulación provoca, desde 2019, una pérdida anual entre R$6,000m y R$8,000m.
