Bolsa Familia bajo la lupa: ministro revela que solo 3,4% de los beneficiarios realiza apuestas

Wellington Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre.
Wellington Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre.

La Policía Federal investiga un esquema de lavado de dinero a través de las cuentas de los beneficiarios, mientras el gobierno implementa medidas para proteger el programa y desmiente su uso masivo en juegos de azar.

Brasil.- Un informe del Banco Central que señalaba que 5 millones de beneficiarios del programa Bolsa Familia habrían transferido R$ 3.000m (USD 509m) a empresas de apuestas a través del sistema Pix desató una investigación de la Policía Federal y puso bajo escrutinio el uso de los recursos del programa social. Sin embargo, el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias, aclaró que apenas el 3,4 por ciento de los beneficiarios utiliza la tarjeta del programa en sitios de apuestas, una cifra significativamente menor al 52 por ciento de la población brasileña que participa en este tipo de actividades.

El ministro detalló que la percepción inicial generada por el informe del Banco Central, publicado el año pasado, no reflejaba con precisión la realidad del uso de los recursos de Bolsa Familia. “Cuando salió el informe del Banco Central, yo inmediatamente procuré a la dirección, a las personas que hicieron la pesquisa para hacer un cruzamiento de datos”, afirmó Dias.

Este cruce de información, realizado entre los sistemas de monitoreo del programa Bolsa Familia y los datos del Banco Central, permitió identificar que solo el 3,4 por ciento de los beneficiarios había utilizado la tarjeta del programa en actividades de apuestas. Según el ministro, esta cifra contrasta marcadamente con el 52 por ciento de la población general que, según encuestas, participa en juegos de azar, lo que evidencia que los beneficiarios del programa no son un grupo especialmente propenso a este tipo de actividades, como podría sugerir una lectura superficial del informe inicial.

Vale destacar que sólo una semana después de su publicación, el informe del Banco Central ya había levantado sospechas en cuanto a su pertinencia y desde la propia entidad habían explicado que el procedimiento a través del cual se había realizado podía contener fallas.

Dias explicó que la discrepancia entre los datos iniciales del Banco Central y los resultados del cruce de datos levantó sospechas. “Cuando el Banco Central divulgó el volumen que encontró, yo sospeché, porque no coincidía con los datos cruzados con nuestro sistema de monitoreo del Bolsa Familia”, señaló. Esto llevó al ministro a solicitar una investigación a la Policía Federal, que actualmente indaga un posible esquema fraudulento en el que terceros estarían utilizando los documentos de identidad (CPF) de beneficiarios para realizar transacciones en sitios de apuestas, sin el conocimiento de los titulares.

Las investigaciones de la Policía Federal han arrojado las primeras pruebas de que, en muchos casos, los CPFs de beneficiarios fueron utilizados para operaciones de lavado de dinero. “Muchas veces hacían lavado de dinero usando el CPF de una otra persona que ni sabía. Porque el movimiento era un volumen que no tiene sentido”, explicó Dias. En algunos casos, los beneficiarios declararon no tener ninguna relación con las transacciones detectadas, afirmando incluso que “Dios me libre de tener tanto dinero”. Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de que los CPFs fueron utilizados de manera fraudulenta por terceros, posiblemente en esquemas delictivos que buscan ocultar el origen de fondos ilícitos.

El ministro subrayó la importancia de actuar con firmeza contra estas irregularidades. “Donde haya fraude, donde haya cualquier crimen, vamos a actuar y actuar de manera muy firme”, aseguró, enfatizando que el objetivo del programa es garantizar el “derecho para quien tiene derecho” y llegar a las familias que aún enfrentan necesidades básicas.

Para prevenir el uso indebido de los recursos del programa, el gobierno ha implementado medidas concretas. Una de ellas es la prohibición del uso de tarjetas de crédito en plataformas de apuestas, una restricción que se aplicó a todos los tipos de tarjetas, no solo a las de Bolsa Familia. Además, el Ministerio de Salud ha intensificado la atención a personas con adicción al juego, un problema que afecta a unas 190 mil personas en el país. “Son personas que juegan casi todos los días. Es un vicio, vamos a llamarlo así”, explicó Dias, comparando esta dependencia con la adicción a sustancias químicas. El tratamiento, que calificó como “complejo”, busca mitigar el impacto de este comportamiento, que en muchos casos “desmantela a la propia familia”.

El ministro también destacó la necesidad de abordar el problema de las apuestas a nivel nacional, dado que se mueven cerca de R$30.000m mensuales en este sector. “Es algo que el país tiene que analizar y encontrar una alternativa”, afirmó, abogando por un debate más amplio sobre la regulación de los juegos de azar.

Un punto clave en las declaraciones de Dias fue su llamado a evitar prejuicios contra los beneficiarios de Bolsa Familia, un grupo que, según él, ya sufre “innumerables discriminaciones”. El ministro expresó su preocupación por el riesgo de que las noticias sobre el uso de recursos en apuestas refuercen estigmas infundados. “Tenemos que tener cuidado para no crear un preconcepto en relación con este público”, advirtió, subrayando que la gran mayoría de los beneficiarios utiliza los recursos para cubrir necesidades esenciales como alimentación y cuidado familiar.

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