Bolivia: la AJ presentó la rendición de cuentas inicial 2022

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia realizó la audiencia de rendición pública de cuentas inicial de 2022 y detalló los planes para el resto del año.

Bolivia.- En la audiencia de rendición pública de cuentas inicial 2022, desarrollada la mañana del miércoles 25 de mayo, de forma presencial y virtual, la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Jessica Paola Saravia Atristaín, presentó las principales acciones que desarrollará su equipo de trabajo para el control y fiscalización del juego en Bolivia durante este año.

La Directora destacó el fortalecimiento a los sistemas tecnológicos para mejorar los servicios a los usuarios y a la población en general: “La tecnología, al margen de desburocratizar procedimientos y hacer más sencillos los trámites, nos ofrece transparencia, por ello modernizaremos las plataformas ya implementadas e instauraremos otros medios para garantizar la transparencia en actividades de juego”, sostuvo.

En esa línea, detalló que en esta gestión se implementará la aplicación web “AJ Sorteos”, para asegurar la aleatoriedad de sorteos en promociones empresariales. Asimismo informó sobre el funcionamiento del Sistema SICEL, destinado al control en línea de las máquinas de juego autorizadas. 

Saravia Atristaín valoró también la modernización de la plataforma AJ en Línea buscando mejorar el seguimiento de trámites de los administrados y la aplicación AJ Móvil para el acceso y registro rápido de denuncias y reclamos por parte de la población. 

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Por otro lado, mencionó que uno de los efectos de la pandemia fue el incremento de apuestas realizadas en línea, actividad que, según la directora, en la gestión 2020 no se controló, lo cual resultó en su proliferación. 

“Queremos luchar contra la ilegalidad para proteger a la población boliviana de posibles estafas, realizaremos un trabajo de identificación de páginas web mediante las cuales se desarrollan apuestas deportivas por internet, para iniciar acciones legales como en los casos de: Sorti365, El Apueston, Apuesta 365”, indicó Saravia Atristaín. 

Respecto al juego de azar ilegal, la directora de la AJ reafirmó el compromiso de su institución para intervenir los lugares sin autorización: “Las casas ilegales no solo generan pérdidas económicas a las familias, al no tener la mirada del Estado, ocasionan también conductas adictivas, para evitar esto continuaremos con la lucha frontal, interviniendo estos lugares, decomisando los medios de juego y realizando las acciones correspondientes para sancionar a los responsables”.

En ese sentido, en la audiencia se precisó que a la fecha se realizaron 30 intervenciones a nivel nacional con el decomiso de 356 medios de juego ilegales. 

Saravia Atristaín señaló además, que para proteger a la población que participa en salas de juego autorizadas, este 2022 se elaboró el “Reglamento para la Prevención de la Ludopatía y Promoción del Juego Responsable”, que establece la creación de un registro para que las personas con problemas de adicción o sus familiares puedan solicitar que la sala no permita su ingreso, además de incorporar mecanismos para identificar la ludopatía, en lo que resta del año se controlará el cumplimiento de este reglamento. 

Asimismo, como una medida preventiva, se retomará la ejecución de talleres informativos para estudiantes de colegios sobre la adicción a los juegos. Finalmente aseguró que continuarán con actividades de socialización y capacitación para el proceso de solicitud de autorizaciones.

“Al mes de abril de este año se autorizaron 316 promociones, muestra clara de la reactivación económica, pues vemos un incremento de más del 19 por ciento de estas actividades, en comparación al mismo periodo del 2021, por lo que nos comprometemos a continuar acompañando a negocios y empresas para sus actividades sean legales, transparentes y esto les ayude a incrementar sus ventas”, señaló la directora de la AJ. 

La Autoridad de Fiscalización del Juego realiza la Rendición Pública de Cuentas, en cumplimiento a la normativa establecida por el Gobierno Nacional, para transparentar la gestión pública y el acceso a la información.

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