Autoridades brasileñas reclaman mayor protección al consumidor en el sector de apuestas deportivas
En una audiencia pública en la Cámara de Diputados, el gobierno y organismos de defensa del consumidor defendieron el marco legislativo actual, pero pidieron fortalecer la fiscalización, establecer reglas más claras para la publicidad y agilizar el bloqueo de sitios ilegales.
Brasil.- El avance de las apuestas deportivas en Brasil volvió a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer la protección al consumidor y la regulación del sector. En una audiencia pública realizada por la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, representantes del gobierno federal, la Secretaría de Comunicación Social (Secom), el Procon-SP y el Ministerio del Deporte coincidieron en la importancia de reforzar la la aplicación de la ley y avanzar en nuevas medidas para controlar la actividad.
La representante del Ministerio de Hacienda, Andiara Maria Braga Maranhão, sostuvo que la ley hizo al mercado “más seguro y transparente” al fijar normas de fiscalización y responsabilidad social, y advirtió que proyectos de revocación de la misma generarían inseguridad jurídica. “La norma reconoce la actividad como servicio público y relación de consumo, aplicando integralmente el Código de Defensa del Consumidor”, subrayó.
Maranhão destacó también el rol de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), creada en enero de 2024, que puso fin a una “zona gris” legal y hoy supervisa aspectos clave como medios de pago, certificación de juegos, publicidad y políticas de juego responsable. Desde su creación, la SPA ha trabajado en reforzar la trazabilidad de las operaciones y en prevenir el lavado de dinero.
Uno de los temas más sensibles del encuentro fue la publicidad de las apuestas, especialmente en el entorno digital. Marina Giocondo Cardoso Pita, representante de la Secom, advirtió sobre la proliferación de influencers que promueven apuestas de forma encubierta, lo que constituye una práctica irregular. “Es necesario avanzar en la regulación de la publicidad digital y adoptar estándares internacionales como los que hay en Estados Unidos, que exige transparencia en las publicaciones comerciales”, señaló.
En la misma línea, el director de fiscalización del Procon-SP, Marcelo Pagoti, pidió limitar la exposición publicitaria, sobre todo en horarios dirigidos a menores. “El Procon no es contrario a las apuestas legalizadas, pero el consumidor sigue siendo el lado más vulnerable de esta relación”, afirmó. Pagoti reveló que los reclamos contra casas de apuestas y los casos de endeudamiento ligado al juego aumentaron, incluso en plataformas autorizadas.
El diputado Daniel Almeida, impulsor del debate, coincidió en que la publicidad es “uno de los principales desafíos de la regulación” y defendió la necesidad de reglas claras que protejan al público y garanticen la competencia leal.
Otro de los ejes de la discusión fue el bloqueo de sitios no autorizados. El representante del Ministerio del Deporte, Giovanni Rocco Neto, informó que Brasil es hoy el segundo mayor mercado de apuestas del mundo, detrás de Estados Unidos, pero más de la mitad de las plataformas que operan son ilegales. Desde el inicio de la regulación, el Ministerio de Hacienda ya bloqueó más de 23.000 sitios clandestinos, aunque el proceso sigue siendo indirecto: el ministerio identifica los dominios y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) solicita la restricción a los proveedores de internet.
Rocco propuso otorgar poderes directos a la Anatel para ejecutar los bloqueos sin intermediación. “La medida representaría un avance significativo para la fiscalización y el combate a las apuestas ilegales”, aseguró.
El debate también abordó propuestas para mejorar la rastreabilidad de las operaciones. El representante del Instituto Livre Mercado, Rodrigo Marinho, apoyó el Proyecto de Ley 3.523/25, que plantea el uso obligatorio del CPF en cada apuesta, el pago automático de premios vía Pix y la implementación de blockchain pública para garantizar seguridad y auditabilidad. “La tecnología puede ser una aliada de la transparencia y la seguridad jurídica”, afirmó.
