Atentado en el Casino Royale: el gobierno mexicano pidió disculpas

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Foto: gobierno de México.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Foto: gobierno de México.

El acto estuvo encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien se dirigió a los familiares de las 52 víctimas fatales y sobrevivientes.

México.- Autoridades federales, estatales y municipales encabezadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ofrecieron este último miércoles 31 de agosto disculpas públicas a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre del Casino Royale de Monterrey, ocurrida el 25 de agosto de 2011.

El acto se realizó casi una semana después de haberse cumplido el undécimo aniversario del atentado que dejó un saldo de 52 fallecidos y decenas de heridos

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En primera instancia Luis Donaldo Coloso Riojas, alcalde de Monterrey, pidió disculpas públicas por el daño que han sufrido a lo largo de este tiempo, en el que no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades.

«A 11 años, aunque muy tarde, les pido de corazón perdón porque esta tragedia se pudo evitar. No se les escuchó, yo sé que hoy es muy tarde, pero les ruego que nos perdonen si aun tienen las fuerzas para hacerlo. Porque el gobierno no estuvo cuando más lo necesitaron, porque fue injusto para ustedes, les pido perdón de corazón», expresó Coloso Riojas.

El alcalde también destacó que no se trata de dar un discurso bonito y aseguró que «el gobierno debe servir a las personas. A nombre de la ciudad de Monterrey: estamos con ustedes y vamos a responder en las buenas y en las malas».

Por su parte, Alejandro Encinas también se pronunció calificando a la masacre como un acto de terror cometido por criminales contra población civil indefensa, donde el Estado mexicano no fue capaz de garantizar las condiciones de seguridad, integración y protección.

«Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades, porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y seguridad personal, y a la vida al menos 63 víctimas identificadas, pero en agravio de sus familias y de toda la sociedad en nuestro país», expresó Encinas.

Javier Luis Navarro Velasco, secretario general del Gobierno de Nuevo León, condenó las graves omisiones que acreditan la relación causal entre los agravios sufridos y la responsabilidad del Estado mexicano que produjeron una serie de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas directas e indirectas de los hechos acontecidos.

Tragedia en el Casino Royale

El atentado en cuestión ocurrió el 25 de agosto de 2011, y fue clasificado como un atentado terrorista. Según las autoridades, el hecho produjo la muerte de 52 personas.

De acuerdo a lo trascendido por fuentes oficiales y medios de comunicación, el ataque habría ocurrido a primeras horas de la tarde. Varios hombres armados ingresaron en el salón, apuntaron contra varios jugadores, robaron pertenencias y destruyeron tragamonedas. Posteriormente, rociaron al menos cuatro bidones de combustible y provocaron una fuerte explosión con granadas.

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El acto fue atribuido al crimen organizado, específicamente al cartel Los Zetas. Días después de la masacre, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, informó los primeros cinco detenidos. Posteriormente, fueron capturados más integrantes y se identificaron otros prófugos.

No más permisos

En Monterrey, el subsecretario Alejandro Encinas reiteró que la Secretaría de Gobernación no otorgará permisos y concesiones para nuevos casinos, casas de juegos y sorteos hasta que se revise la legalidad de los que operan actualmente.

«Hemos tomado la decisión, ya desde hace varios meses, de no otorgar ningún permiso más en el país a todas las casas de juegos y sorteos hasta en tanto no se haga la revisión integral de los permisos que están otorgados, muchos de ellos indebidamente, de que se concluyan los alegatos jurídicos que estamos enfrentando con amparos ante los jueces, o los permisos otorgados, y hasta que tengamos una regulación que garantice el funcionamiento transparente, legal y seguro de este tipo de establecimientos mercantiles», aseguró.

Por último,y previo a finalizar el acto protocolario, Samara Pérez Muñiz, líder de la agrupación Colectivo 52+2 que nuclea a las familias de los fallecidos en el casino Royale  leyó el nombre de cada una de las víctimas.

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