Apuestas online: tensión en el oficialismo bonaerense por el proyecto contra la ludopatía
La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía debería retomar hoy el tratamiento del proyecto que la semana pasada no pudo avanzar por falta de quórum. Carlos Bianco planteó reparos sobre el procedimiento y el financiamiento, mientras Facundo Tignanelli defendió la iniciativa y rechazó que no hubiera sido conversada con el Ejecutivo.
Datos clave:
- Diputados bonaerenses debía retomar el análisis del proyecto este martes 17 de noviembre, luego de que la reunión anterior fracasara por falta de quórum.
- Carlos Bianco respaldó los objetivos generales de la iniciativa, pero cuestionó que el Ejecutivo no hubiera sido consultado antes de su presentación.
- El Gobierno provincial busca incorporar una alícuota del 2 por ciento sobre determinados juegos online al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).
- Facundo Tignanelli sostiene que su proyecto financiaría un fondo con las utilidades de las licenciatarias y no con recursos cobrados a los usuarios.
- Según Tignanelli, el esquema del Ejecutivo permitiría recaudar un 90 por ciento menos que el previsto en la iniciativa legislativa.
El oficialismo bonaerense enfrenta diferencias internas por el proyecto para regular las apuestas online, en particular por el origen y la distribución de los fondos que aportarían las operadoras. La iniciativa impulsada por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto debía volver a analizarse este martes en Diputados, después de que la reunión de la semana pasada no pudiera avanzar por falta de quórum, en medio de los cuestionamientos del ministro Carlos Bianco y la respuesta de los autores.
Argentina.- La discusión por la regulación de las apuestas online en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de tensión dentro del oficialismo. Este martes 17 de noviembre, a las 10, la comisión de la Cámara de Diputados bonaerense buscará retomar el análisis del proyecto impulsado por los legisladores de La Cámpora Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, luego de que el encuentro de la semana pasada fracasara por falta de quórum. La reunión estará atravesada por las diferencias que quedaron expuestas entre el gobierno de Axel Kicillof y los autores de la iniciativa, especialmente en torno a la elaboración del texto y al destino de los fondos que aportarían las operadoras.
La posición del Ejecutivo quedó expresada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien, durante su habitual conferencia de prensa, respaldó los objetivos generales del proyecto, pero cuestionó que el Gobierno provincial no hubiera sido consultado antes de su presentación.
“Hubiese sido bueno que nos pidan la posición antes de presentar el proyecto”, sostuvo Bianco. Y agregó que las iniciativas con impacto presupuestario deberían trabajarse previamente mediante borradores y mecanismos de coordinación, incluso cuando son impulsadas por integrantes del mismo frente político. El ministro también señaló que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos ya había acercado “modificaciones, agregados, supresiones” al articulado, aunque aclaró que la Provincia coincide con el espíritu general de las medidas de prevención y control.
El principal desacuerdo está en el esquema económico. Bianco planteó que la discusión sobre los aportes de las empresas debe trasladarse a la Comisión de Presupuesto y vincularse con el tratamiento del Presupuesto 2027. Allí el Ejecutivo busca incorporar el cobro de una alícuota del 2 por ciento sobre determinados juegos online, en el marco del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). La Provincia había establecido ese mecanismo mediante una resolución en septiembre, pero una presentación judicial impidió hasta ahora efectivizar el cobro. Por eso, el Gobierno pretende darle respaldo legal a través del proyecto presupuestario.
“Nosotros estamos de acuerdo en que tienen que llevar adelante aportes adicionales al presupuesto de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Bianco, en referencia a las siete operadoras habilitadas. Para el ministro, esos recursos deben contribuir a afrontar los costos que generan las consecuencias no deseadas de la actividad, entre ellas la ludopatía.
La respuesta llegó de parte de Tignanelli, quien rechazó que el proyecto se hubiera elaborado sin diálogo con el Ejecutivo. A través de una publicación en X, el jefe del bloque de Unión por la Patria aseguró que el borrador fue “permanentemente conversado con el Poder Ejecutivo, a través del titular de Lotería, Gonzalo Atanasof”. También recordó que la presentación se postergó para incorporar información sobre las utilidades de las empresas después del Mundial y señaló que el Ministerio de Salud realizó aportes para los fondos destinados a políticas sanitarias. Según el legislador, algunas de esas observaciones fueron incorporadas al texto.
Tignanelli también puso el foco en la diferencia entre los mecanismos de financiamiento. Según explicó, el FOPIS se nutre de recursos que se cobran a los usuarios de las plataformas, mientras que el fondo propuesto por su proyecto se financiaría con las propias utilidades de las licenciatarias. “Los recursos del FOPIS se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas. El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades”, sostuvo. Además, afirmó que el esquema impulsado por el Ejecutivo permitiría recaudar un 90 por ciento menos que el previsto en la iniciativa legislativa.
El diputado defendió, además, que los recursos destinados al deporte lleguen directamente a clubes y deportistas, mientras que el dinero proveniente de multas vinculadas con la publicidad de apuestas se distribuya entre los municipios y el Ministerio de Salud para financiar acciones de prevención y atención. Aunque coincidió con Bianco en que el proyecto también debe pasar por la Comisión de Presupuesto, sostuvo que primero necesita obtener dictamen en la Comisión de Ludopatía y luego continuar su recorrido por Presupuesto y Legislación General.
En medio de la disputa, Tignanelli reclamó acelerar el tratamiento y advirtió: “Cada día que se demora en tratar este tipo de normas es un día más que las empresas siguen teniendo utilidades siderales, como así también siguen enfermando a nuestros vecinos y vecinas”. La reunión de este martes será una nueva instancia para medir si el oficialismo logra acercar posiciones y avanzar con una iniciativa que reúne acuerdos generales sobre la necesidad de regular las apuestas online, pero mantiene diferencias sensibles sobre quién debe financiar las políticas públicas y cómo se distribuirán esos recursos.
Qué propone el proyecto contra las apuestas online
El proyecto modifica la Ley N° 15.079 para exigir a los operadores autorizados la implementación obligatoria de reconocimiento biométrico facial en tiempo real. Asimismo, el artículo 6° establece mecanismos de juego responsable automatizados.
Uno de los puntos conceptuales centrales del proyecto es la adopción del principio de «Denominación no lúdica». La ley ordena referirse a la actividad de manera obligatoria como «apuestas en línea», prohibiendo el uso del término «juego» u otras palabras o imágenes que sugieran entretenimiento, diversión o éxito económico o social.
En cuanto a la publicidad y patrocinio, el proyecto establece que se prohíbe la publicidad exterior en mobiliario urbano, transporte público, paradas y pantallas visibles desde la vía pública. Asimismo, plantea la prohibición absoluta de publicidad, promoción o patrocinio dirigida a menores de 18 años, prohibiendo la utilización de su imagen o voz, o de herramientas generadas mediante Inteligencia Artificial (IA) que simulen testimonios o resultados reales.
Por otro lado, indica que quedan totalmente prohibidos los bonos de bienvenida, giros o apuestas gratuitas, bonos de recarga y programas de puntos o fidelización. Además, establece que toda campaña requerirá autorización expresa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC Buenos Aires).
El proyecto crea dos nuevos esquemas financieros con impacto directo en los operadores:
- Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Ciberludopatía («Pasivo Social»): Las empresas licenciatarias deberán realizar un aporte obligatorio equivalente al 100 por ciento de lo invertido en publicidad, promoción, patrocinio y captación de clientes. Lo recaudado se distribuirá en un 70 por ciento para los municipios bonaerenses (mediante el CUD) y un 30 por ciento para el Ministerio de Salud provincial para prevención y tratamiento.
- Fondo para Entidades de Bien Público y Deporte: Se establece un aporte mensual del 3 por ciento a cargo exclusivo de los licenciatarios sobre la totalidad de los premios abonados a los usuarios. El texto prohíbe expresamente transferir o descontar este costo de los premios de los apostadores. De lo recaudado, el 85 por ciento se destinará al fortalecimiento de clubes de barrio y asociaciones civiles, y el 15 por ciento a becas deportivas.
En la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía se analizan más de 20 expedientes que fueron presentados por diputados de diversos bloques que buscan abordar el juego online desde diversas aristas como educación, prevención, publicidad, comunicación, entre otros.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué propone el proyecto sobre apuestas online en la provincia de Buenos Aires? La iniciativa busca regular las apuestas online y establecer mecanismos de financiamiento para políticas vinculadas con la prevención de la ludopatía, la salud y el deporte.
- ¿Qué cuestionó Carlos Bianco sobre el proyecto? El ministro de Gobierno objetó que el Ejecutivo no hubiera sido consultado antes de su presentación y planteó que el debate sobre los aportes de las operadoras debe pasar por la Comisión de Presupuesto.
- ¿Cómo se financiaría el fondo propuesto por La Cámpora? Según Facundo Tignanelli, se nutriría de las utilidades de las empresas licenciatarias. El legislador diferencia ese mecanismo del FOPIS, que obtiene recursos mediante cobros a los usuarios de las plataformas.
- ¿Qué diferencia hay entre el proyecto y el esquema del FOPIS? El proyecto de Tignanelli propone que los aportes provengan de las utilidades de las operadoras, mientras que el FOPIS se financia con recursos cobrados a los usuarios. El diputado afirmó que el esquema del Ejecutivo recaudaría un 90 por ciento menos.