Gonzalo Atanasof: “El 80% del juego online es ilegal” en Buenos Aires
El titular del IPLyC participó del debate legislativo sobre la regulación de las apuestas online en la Provincia de Buenos Aires y respaldó nuevas herramientas para perseguir a los operadores clandestinos.
Datos clave:
- Atanasof estimó que el juego ilegal mueve US$3.600 millones en Argentina.
- El titular del IPLyC advirtió que el 80 por ciento del juego sería ilegal, según estimaciones mencionadas en la reunión.
- El proyecto bonaerense propone crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales.
- La iniciativa incluye verificación biométrica, límites de sesión y restricciones a la publicidad y los bonos de captación.
- Lotería y Casinos pidió cambios legales para facilitar el decomiso de bienes y avanzar sobre los responsables de las plataformas clandestinas.
Argentina.- Durante una reunión con legisladores bonaerenses, en el marco del debate de un proyecto integral para regular las apuestas en línea y prevenir la ludopatía, Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (IPLyC), defendió la necesidad de fortalecer las herramientas para combatir el juego ilegal. El funcionario advirtió que, según estimaciones mencionadas durante el encuentro, el 80 por ciento del juego sería ilegal y sostuvo que la respuesta debe involucrar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La exposición tuvo lugar el lunes 19 de octubre ante la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados provincial, presidida por Micaela Olivetto, de Fuerza Patria. Atanasof estuvo acompañado por el director provincial de Juegos y Explotación, Carlos Gallo, y por el director de Legales, Sebastián Silvestre, para aportar la perspectiva del organismo regulador al tratamiento legislativo.
“Queremos ser parte de la discusión, ayudar desde nuestros datos y conocimiento para poder hacer la mejor ley, que sea la más efectiva que vaya en beneficio de todos los bonaerenses”, aseguró Atanasof de acuerdo con la información publicada por Diputados Bonaerenses.
Avance del juego ilegal
Durante su presentación, el titular del IPLyC señaló que la expansión de las plataformas digitales, la hiperconectividad y los cambios en los hábitos de consumo contribuyeron a profundizar el problema de las apuestas clandestinas.
“Para tener una magnitud del dinero que se mueve en la ilegalidad, el último desembolso del FMI fue de US$1.000m y el Presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación es de US$1.400m: el juego ilegal en Argentina es de US$3.600m, tres veces más que los otros datos”, detalló Atanasof.
El funcionario también hizo hincapié en las dificultades para investigar y desarticular operadores que funcionan fuera del marco regulatorio. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con herramientas específicas para actuar frente a estructuras que, en algunos casos, operan desde el exterior.
“La ilegalidad tiene que atenderse por los tres poderes”, sostuvo, al plantear que el combate a las plataformas clandestinas requiere coordinación institucional y no puede quedar limitado a la actuación del organismo regulador. Atanasof también advirtió sobre las consecuencias económicas de la migración del juego presencial hacia las plataformas digitales, entre ellas la pérdida de puestos de trabajo.
Por otro lado, remarcó: “Las plataformas autorizadas ofrecen un nivel de resguardo sumamente estricto para impedir el ingreso de menores mediante el uso de validaciones biométricas, declaraciones juradas y cruces con el Renaper.”
Detalles del megaproyecto
La participación del titular del IPLyC se produjo durante el análisis del proyecto de Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea, impulsado por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto.
La iniciativa busca establecer un marco integral para abordar los riesgos asociados a las apuestas digitales, reforzar los controles sobre los operadores y proteger a niños, niñas y adolescentes. El proyecto abarca un amplio abanico de reformas estructurales que van desde la protección directa al usuario hasta la persecución penal del mercado ilegal. En sus puntos salientes, el texto introduce la verificación biométrica facial en tiempo real para operar, límites estrictos al tiempo de sesión y acceso, la prohibición absoluta de bonos e incentivos de captación, el veto a la palabra «juego» en la comunicación comercial, restricciones drásticas a la publicidad (incluida la vía pública y el uso de IA), el requerimiento de capital 100 por ciento nacional para licenciatarios, nuevos cánones económicos a la publicidad y los premios, y la creación de una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales (FEAIL).
La ley de juego online también contempla la creación de un fondo para clubes de barrio y para becas deportivas que se integrará con el 3 por ciento de lo que recauden las firmas en concepto de premios. Al respecto, Gallo informó que, entre enero y septiembre, el 3 por ciento de los premios en la provincia de Buenos Aires significó un total de AR$532m. “Hay que tener en cuenta que eso implica el 76 por ciento de la utilidad bruta que produce el juego online, con lo cual entendemos que va a afectar el funcionamiento de las apuestas”, precisó, según informó el medio Diputados Bonaerenses.
Las autoridades de Lotería y Casinos plantearon la necesidad de actualizar las herramientas legales para combatir las apuestas clandestinas. Una de las propuestas es crear una fiscalía especializada que permita avanzar sobre los responsables de las plataformas ilegales, en lugar de limitar las investigaciones a los cajeros. Silvestre sostuvo que hacen falta personal, recursos y tecnología para una fiscalía especializada que llegue a los titulares de los casinos ilegales y no solo a los cajeros.
“Hoy claramente el juego ilegal no es un flagelo, es un crimen organizado”, advirtió Silvestre, quien señaló que el dinero generado suele derivarse a operaciones de lavado, compra de inmuebles y otros negocios.
Entre los cambios solicitados, Silvestre propuso incorporar la figura del “presunto infractor” en el Código Penal bonaerense para facilitar la incautación provisoria de dinero, servidores y otros elementos utilizados por las organizaciones. También pidió reformar el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la explotación de juegos de azar sin autorización, para evitar que los procesos terminen sin decomiso de los bienes. “Nosotros el decomiso de los bienes se lo generamos al final de la causa”, explicó, y advirtió que, cuando se concede la suspensión del juicio a prueba, pueden verse obligados a devolver los elementos incautados.
Atanasof concluyó: “Esta reunión puede ser el inicio de un camino para conseguir más herramientas y mejores resultados”, además, calificó el intercambio con los legisladores como “sumamente productivo”.
La propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas que la comisión busca articular en un marco común. Durante el debate, Olivetto destacó que escuchar la posición del organismo provincial permitiría enriquecer la discusión y avanzar en el tratamiento legislativo. Sin embargo, el avance del texto depende de las negociaciones entre los distintos bloques y de la posibilidad de reunir las firmas necesarias para emitir dictamen.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué propuso el IPLyC para combatir las apuestas ilegales? El organismo pidió crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales, reformar el Código Penal bonaerense para facilitar decomisos y dotar a la investigación de más personal, recursos y tecnología.
- ¿Cuánto dinero mueve el juego ilegal en Argentina, según el IPLyC? Gonzalo Atanasof estimó que el juego ilegal mueve US$3.600m en Argentina y señaló que el 80 por ciento del juego sería ilegal, según estimaciones citadas en la reunión legislativa.
- ¿Qué medidas incluye el proyecto bonaerense de apuestas online? El proyecto contempla verificación biométrica facial en tiempo real, límites de sesión, prohibición de bonos de captación, restricciones publicitarias y la creación de la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales.
- ¿Por qué el IPLyC pide reformar el decomiso de bienes? Sebastián Silvestre explicó que los bienes suelen recuperarse recién al final de la causa y pueden devolverse si se concede la suspensión del juicio a prueba; por eso propone medidas para incautar dinero, servidores y otros elementos de forma provisional.
