Aprueban un plan en España contra el amaño deportivo
La CONFAD, actualmente presidida por la DGOJ, aprobó el plan nacional para prevenir el fraude en las apuestas deportivas para el próximo período.
España.- La Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (CONFAD) de España aprobó el plan nacional para el período 2020-2021. El documento incluye cuatro grandes áreas de trabajo y apunta a abarcar un amplio espectro de actuaciones.
El organismo, que en su rotación habitual ahora tiene como presidente a Mikel Arana, Director General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, enfatizó sobre la necesidad de este tipo de acciones: “La creciente relevancia y constante evolución de la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas evidencian la necesidad de tener un enfoque eficaz en la lucha contra esta práctica”, explicaron.
La CONFAD reúne a representantes de la DGOJ, del Consejo Superior de Deportes, Policía Nacional, Guardia Civil, Real Federación Española de Fútbol, Real Federación Española de Tenis, LaLiga, Asociación de Futbolistas Españoles, Bet365, Sportium, Codere y GVC Holdings.
El plan está compuesto de 21 medidas que están agrupadas en cuatro grandes áreas de acción:
Área de análisis y diagnóstico: para mejorar el conocimiento sobre la manipulación de eventos deportivos y el fraude en las apuestas. Busca mejorar la prevención y está integrada por 8 medidas.
Área de divulgación y sensibilización: busca difundir entre deportistas, entrenadores y otros participantes en las actividades deportivas, junto a otros actores en el sector de las apuestas, el marco jurídico vigente.
Área de control y seguimiento: cuenta con cuatro medidas que buscan mejorar las actividades de monitorización y seguimiento que ya existen, al tiempo que impulsa los canales de transmisión de información y el trabajo conjunto de todos los participantes de la lucha contra el amaño deportivo.
Área de estudio de la regulación y operativa vigente: Asegura que el marco jurídico se ajusta con la mayor precisión posible a la realidad. Su actualización permanente es especialmente importante ya que la situación se agudiza por el cambio constante y las novedades tecnológicas.