Anulan nombramientos en Lotería Chaqueña
Diez trabajadores habían ingresado a la entidad provincial de manera irregular y a solo días que finalizara el gobierno de Jorge Capitanich.
Argentina.- Un escándalo se suscitó en la provincia de Chaco luego de que se descubriera que diez trabajadores habían sido contratados por Lotería Chaqueña de manera irregular y a sólo días de que finalizara la gestión del gobernador Jorge Capitanich.
Luego de perder las elecciones de septiembre frente a Leandro Zdero, la gestión del Frente Chaco Merece Más buscó la manera de dejar gente propia en las estructuras del sector público más allá del recambio gubernamental del 10 de diciembre. Una de las tantas maniobras detectadas en ese período fue una transferencia de agentes a Lotería Chaqueña, creando nuevos cargos para ellas. Ahora un informe del Tribunal de Cuentas provincial marca las irregularidades cometidas en ese procedimiento y considera que debe ser considerado nulo.
La movida se consumó mediante el decreto 3679, firmado el 8 de diciembre pasado (dos días antes de dejar el gobierno) por Capitanich y su ministro de Economía, Santiago Pérez Pons. Allí se crean cargos en Lotería Chaqueña (uno de los organismos del Estado provincial con sueldos más altos) para transferir a esa dependencia a diez agentes. En los fundamentos del decreto se argumentaba que el traspaso de esos empleados (que ya eran personal de planta de otras áreas estatales) se justificaba «en razones de servicios y en el eficiente desempeño de los agentes (…), que reúnen las condiciones profesionales y personales para asumir el compromiso laboral con el organismo referido (Lotería Chaqueña)».
En un anexo del mismo decreto se menciona a los beneficiarios de la decisión: Gustavo José Ariel DAlessandro, Natalia Carolina Acosta, Hernán Maximiliano Blanco, Gilda Calabrese, Sheina Marlene Waicman, Katia Blanc, Juan Diego Luna, Gustavo Alejandro Peloso, Carlos Edgardo Diz y Graciela Mabel Ríos. Los diez quedaban repartidos en tres categorías diferentes.
Un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas decidió que la apresurada medida no tiene respaldo legal y debería ser anulada, a la par que debería iniciársele una demanda reparatoria a los funcionarios que la autorizaron por los perjuicios ocasionados al Estado.
Ese informe, elevado a los vocales que conducen el Tribunal de Cuentas, plantea que «ante la manifiesta ilegalidad, arbitrariedad, inconstitucionalidad y avasallamiento del orden jurídico» del procedimiento llevado a cabo antes del cambio de gobierno, surge «la necesidad de declaración judicial de nulidad del decreto 3679».
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Entre las objeciones que dan lugar a esa conclusión está el hecho de que nunca se justificó acabadamente que Lotería necesitara de esos nuevos diez empleados, más allá de la justificación ambigua esgrimida por Capitanich y Pérez Pons al decir que se trataba de «razones de servicios» y ante el «eficiente desempeño» de los agentes en sus sectores de origen. Ni siquiera se cumplió con el requisito legal de que la medida tuviera una previsión presupuestaria. Por el contrario, Lotería advirtió que no había disponibilidad para esas incorporaciones, y la transferencia de agentes no tuvo intervención de áreas internas a las que se les debería haber dado participación.