ANESAR celebrará su 42ª asamblea en noviembre: se analizarán los principales desafíos que enfrenta el sector del juego

La asamblea se celebrará en la sala Carlos Ferrer Salat de la sede de Madrid de la CEOE.
La asamblea se celebrará en la sala Carlos Ferrer Salat de la sede de Madrid de la CEOE.

La Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos realizará su Asamblea General el 12 de noviembre en la sede de CEOE.

España.- La Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) anunció la celebración de su 42ª Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el 12 de noviembre. El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Desde ANESAR invitan a todos los asociados a asistir a la misma, ya que «estos actos asociativos suponen también un encuentro empresarial en el que departir, compartir y debatir las inquietudes empresariales». El encuentro servirá para analizar los principales desafíos a los que se enfrenta el sector.

La asamblea se celebrará en la sala Carlos Ferrer Salat de la sede de Madrid de la CEOE. Se espera la asistencia de directivos de CEOE, de la Dirección General de la Comunidad de Madrid, como representación empresarial y asociativa.

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Recientemente, ANESAR expresó su preocupación por las posibles consecuencias negativas de las nuevas medidas propuestas en el reglamento de la Ley del Juego de Navarra. La principal preocupación es el adelantamiento del horario de cierre de los salones de juego, lo que podría resultar en la pérdida de entre 80 y 100 empleos de manera repentina.

Juan Lacarra, portavoz de ANESAR, criticó la falta de transparencia y negociación durante la tramitación del reglamento, y señaló que la asociación tuvo que recurrir al Consejo de Navarra para acceder al expediente tras varias solicitudes de información sin respuesta.

Uno de los cambios más controvertidos es la reducción del horario de cierre, de las 3:30 a las 0:30 horas, basado en motivos de orden público que, según Lacarra, no se han justificado adecuadamente. Además, los servicios jurídicos del Departamento de Interior han cuestionado la medida por su falta de justificación y posible desproporción.

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