Andalucía no ampliaría la distancia mínima entre salones de juego y colegios
La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía reafirma que no es necesaria llevar la distancia exigida más allá de los 150 metros.
España.- La distancia mínima exigida entre salones de juegos y colegios sigue siendo un tema candente en Andalucía. Si bien hace casi un año el Consejo de Gobierno dispuso la medida por Decreto, siguen los cuestionamientos.
Ya de forma previa a la norma, el Gobierno autónomo tuvo una serie de cruces con las provincias, que insistían en una reordenación urbanística. Posteriormente incluso, fue criticada por ser considerada insuficiente y los ayuntamientos de Málaga y de Cádiz, por caso, planeaban continuar previendo una distancia de 500 metros, ampliamente superior a los 150 fijados por decreto.
Y hasta el ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo estar preocupado por “la laxitud con la que la Junta de Andalucía aborda el problema de las casas de apuestas”.
Sin embargo, la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía sostiene su postura y «no aprecia actualmente motivos suficientes, perentorios y de interés general que demanden ampliar» la distancia mínima de «protección» de 150 metros. Así lo expuso el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), en una contestación escrita a la pregunta registrada en el Parlamento por el diputado de Unidas Podemos por Andalucía Jesús Fernández, sobre la posibilidad de aumentar la distancia a futuro.
Los argumentos para no endurecer la medida
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A) explicó que el número de salones de Juego autorizados actualmente en Andalucía es de 871, muy cercano al vigente en 2009 (883) e incluso inferior al de 2010 (922). Y así, niega el argumento de que “Andalucía, como en buena parte del resto del territorio del Estado, ha vivido un incremento exponencial de las casas de apuestas en su territorio”.
Además, cuestionó que “se ha venido difundiendo la idea, sin base científica alguna, de que existe una masiva adicción al Juego de las personas menores de edad, y en el caso del Juego presencial en Andalucía esto no se produce”.
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Por otro lado, Bravo remarcó que “desde el punto de vista de competencia, el requisito impuesto de guardar una distancia mínima de 100 metros respecto de los preexistentes suponía una grave restricción a la competencia, al impedir el acceso y establecimiento de otros operadores en este mercado”. “Para el Consejo tales limitaciones establecían trabas a la instalación de nuevos operadores en pro de aquellos ya instalados, preservando la actividad comercial de los ya autorizados en detrimento de aquellos que pretendieran iniciar la actividad”, indicó.
Y concluyó: “Consideramos que, atendiendo a la realidad social que concurre en Andalucía respecto a los menores de edad y las actividades del Juego presencial, las medidas que se han adoptado en el Decreto 161/2021, de 11 de mayo, no solo refuerzan la protección de éstos ante las actividades de Juego presencial. Sino que al tratarse de una medida que limita la legítima actividad de las empresas dedicadas a este subsector, garantizan al mismo tiempo la observancia por parte de la Junta de Andalucía de los principios de buena regulación y de unidad de mercado, arbitrándose unas medidas menos restrictivas para la actividad de los operadores económicos de este sector que garantizan la atención a las instrucciones constitucionales sobre unidad de mercado y libertad de empresa”.
Puntos principales del decreto
A partir del decreto de mayo pasado, las nuevas salas de juego, casinos, bingos y otros negocios de juegos de azar no podrán estar a menos de 150 metros de un centro de enseñanza reglada no universitaria. También deberá mantenerse una distancia de al menos 100 metros entre cada local de juego.
Además, se impondrá un control de admisión en los locales para restringir el acceso a personas con problemas con el juego y se endurecerán las sanciones por incumplimiento de la normativa. Las sanciones pueden llegar a la suspensión temporal de la autorización e incluso la clausura del establecimiento.
El nuevo decreto también considera el impulso de iniciativas de prevención del juego problemático y de cuidado de grupos vulnerables a través de la prohibición de publicidad exterior de las casas de apuestas.
