Aguascalientes refuerza el combate contra tragamonedas ilegales
Las autoridades estatales intensificaron operativos coordinados con la Federación y los municipios para frenar la proliferación de máquinas clandestinas, especialmente en tiendas de abarrotes, y remarcaron que operan al margen de la Ley de Juegos y Sorteos.
México.- En el marco del esquema Blindaje Aguascalientes y de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno del estado mexicano intensificó los operativos contra la instalación y operación de máquinas tragamonedas ilegales en colonias y zonas periféricas, una problemática que, según las autoridades, se ha expandido de manera sostenida en los últimos meses.
El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, explicó que si bien la persecución penal de este tipo de actividades corresponde de manera directa a la Fiscalía General de la República (FGR), el combate se realiza de forma coordinada entre los tres niveles de gobierno, con un fuerte componente preventivo y administrativo en el ámbito local.
“Es una de las estrategias que el propio gobierno federal ha impulsado para erradicar este fenómeno en el ámbito local, desde dos vertientes: la administrativa, relacionada con los establecimientos donde está prohibido este giro comercial, y la penal, cuya investigación y sanción corresponden directamente a la Fiscalía General de la República”, sostuvo el funcionario.
De acuerdo con Alonso García, la proliferación de estas máquinas se da principalmente en tiendas de abarrotes, donde operan de manera clandestina y sin ningún tipo de autorización federal, lo que las coloca fuera del marco de la Ley de Juegos y Sorteos. En este sentido, remarcó que la gobernadora del estado, María Teresa Jiménez Esquivel, ha exhortado a todas las instancias a participar activamente para atender un fenómeno que genera impactos sociales y de seguridad.
En una primera instancia, detalló el fiscal, la intervención recae en los municipios, al tratarse de una competencia administrativa vinculada a la verificación de permisos de funcionamiento. “El tema lo conocen bien los alcaldes. Existe un protocolo, por así decirlo, donde el primer paso es la sanción administrativa y el segundo son los oficios o advertencias a los propietarios de los establecimientos, señalándoles que están fuera de la legalidad”, explicó. Según indicó, este enfoque preventivo otorga un plazo razonable para retirar los aparatos antes de avanzar hacia sanciones mayores.
No obstante, las autoridades advirtieron que el problema excede lo meramente administrativo. Alonso García alertó que estas tragamonedas suelen estar vinculadas a contextos delictivos, como la venta de narcóticos o prácticas de apuestas entre jóvenes, lo que puede derivar en un aumento de robos, conflictos familiares y conductas asociadas al juego problemático. “Al formar parte de un esquema ilegal, la posesión de estas máquinas constituye un delito, salvo en los casos en que se cuente con un permiso federal vigente”, subrayó.
En paralelo, la Agencia de Investigación Criminal participa de manera activa en inspecciones semanales para detectar posibles delitos en flagrancia, mientras que los municipios continúan aplicando sanciones a los comercios que, pese a haber sido notificados, mantienen estos dispositivos en funcionamiento.
Si bien el fiscal reiteró que se trata de un tema de competencia federal, destacó que el estado mantiene su respaldo operativo y preventivo con el objetivo de reducir los riesgos sociales y delictivos asociados al juego ilegal, un punto que también pone en contraste la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios y los controles sobre la actividad de juego autorizada frente a la expansión de ofertas clandestinas.
