Tijuana: fiscalía destruye 3000 máquinas tragamonedas
Tras una exhausta investigación llevada a cabo por Fiscalía General del Estado, se llegó a destruir un total de 3000 máquinas tragamonedas en la ciudad de Tijuana.
México.- El gobernador de Tijuana, Jaime Bonilla Valdez, lideró la tercera ceremonia de destrucción de artefactos de juego ilegales y celebró el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado.
En total se destruyeron unas 3.000 máquinas tragamonedas y se secuestraron 1.222 inmuebles. Esto hace parte del esfuerzo de la ciudad para evitar el consumo y la corrupción de menores de edad con los juegos de azar.
Bonilla Valdez resaltó que el presidente André Manuel López Obrador se sentía muy satisfecho con este tipo de operativos y esperaba que otros estados lo implementaran:
“El presidente se siente muy orgulloso que Baja California sea el primer estado que comienza con este tipo de proyectos, y que seguramente va a ver en otros estados”, indicó.
Por otro lado, el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, habló acerca de la importancia de este tipo de operativos:
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“Tratamos de rescatar a la adolescencia de las organizaciones criminales, que través de las maquinitas corrompen a menores, que son niños de bien, pero la necesidad los lleva a este tipo de adicciones pensando que van mejorar su calidad de vida”.
Secuestran 6 tragamonedas ilegales en Tijuana
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la ciudad de Tijuana llevaron a cabo una orden de cateo donde allanaron un local en el que se operaban seis máquinas minicasino o tragamonedas de manera ilegal.
El operativo fue realizado con la asistencia de agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI).
A partir de ahora, los artefactos están a disposición de la fiscalía, quienes estarán a cargo de comenzar una investigación y ordenar las sanciones a los responsables.
Un dato no menor es que dentro del domicilio se encontró un arma de fuego corta con once cartuchos abastecidos. Razón por la cual, los sujetos detenidos están en disposición de las autoridades, para así comenzar con su debido proceso legal.