No habrá slots en hipódromos de Florida

La Corte Suprema de Florida rechazó la instalación de máquinas tragamonedas en los hipódromos.

EE.UU.- La ambición de Florida de expandir los juegos de azar ha sido frenada de nuevo. La Corte Suprema del estado ha prohibido la expansión de juegos de casino ayer en los condados locales. La Corte de Florida publicó el jueves su resolución, que rechaza los intentos de los condados de instalar máquinas tragamonedas en los centros de carreras de perros y de caballos.

Varios gobiernos de los condados propusieron una votación pública para decidir si permitir o rechazar la expansión del juego en sus hipódromos. Sin embargo, la Corte Suprema falló contra las votaciones locales, al sostener que son ilegales, ya que esos gobiernos no tienen autoridad para regular la expansión de máquinas tragamonedas.

Según informó el Miami Herald, una demanda presentada ante la Corte Suprema buscaba la aprobación de una licencia para operar máquinas tragamonedas en un hipódromo ubicado en el condado de Gadsden, donde los residentes votaron a favor de la expansión del juego. La demanda, presentada por los propietarios de la pista de carreras Gretna Racing, fue rechazada unánimemente ayer, cuando el Tribunal dictaminó que los gobiernos de los condados no tienen autoridad legal para conceder permisos de juego.

«En ausencia de tal autorización específica, un condado no puede iniciar un referéndum que autorice a la División a emitir una licencia de juego de máquinas tragamonedas», comentó el juez Charles Canady al Miami Herald. Además, explicó que no hay ninguna legislación que «conceda autoridad para regular los juegos en los condados. El único rol que cumplen los condados en el juego de máquinas tragamonedas es la realización de referendos cuando lo autorice la ley».

Según funcionarios de Florida, la instalación de máquinas tragamonedas en centros de varios condados habría puesto en peligro el acuerdo del estado con la tribu Seminole. Actualmente, los operadores nativos tienen derechos exclusivos para ofrecer servicios de casino, bajo la condición de pagar $120 millones de dólares al año en materia tributaria. «Eso podría haber tenido impactos negativos de gran alcance para el estado», agregó el senador Bill Galvano.

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