Sigue el conflicto por el control de slots en Mendoza
La empresa que fue dada de baja por el Instituto de Juegos y Casinos, Sielcon, ahora demanda a esa entidad y también al gobierno de la provincia andina.
Argentina.- Las irregularidades fueron el motivo por el que el Instituto de Juegos y Casinos decidió avanzar con la caducidad del contrato millonario para el control online de las tragamonedas, que los unía con la empresa adjudicataria, Sielcon. Ahora, la compañía sancionada presentó un recurso de amparo y demandó a las autoridades del Instituto. Por este motivo la decisión del Gobierno está frenada.
Esta semana podrían producirse novedades acerca de sí el Estado podrá avanzar o no en su decisión de rescindir el controvertido contrato. Las actuaciones judiciales se llevan adelante en el juzgado del fiscal Santiago Garay. La decisión del gobierno de Alfredo Cornejo de dar de baja una polémica licitación del juego en Mendoza, desembocó en un contraataque judicial de la empresa sospechada de irregularidades que incluyó, además, una andanada de demandas judiciales contra los directores del Instituto de Juegos y Casinos.
La empresa Sielcon, adjudicataria del sistema de control online de los tragamonedas en los casinos de la provincia, interpuso un recurso de amparo y además demandó por el supuesto delito de «omisión de los deberes de funcionario público» a la conducción del organismo del control del juego» e incluyó en esa demanda a su titular, Josefina Canale. La empresa Sielcon fue quien resultó adjudicataria en 2014 para establecer un control estatal y paralelo de la recaudación de las tragamonedas y, aunque el sistema debería estar funcionando desde agosto pasado, todavía no comienza.
Hace poco menos de un mes, la conducción del Instituto anunció que daba de baja la licitación para este tipo de control, aunque en realidad lo que se había hecho era suspender el proceso hasta que la empresa adjudicataria diera sus explicaciones. El argumento que se hizo público fue que no hacía falta este tipo de control del juego ya que el propio Instituto podía establecer mecanismos similares sin necesidad de contratar a un privado.