Rechazo generalizado: crece la oposición al proyecto que limita la publicidad de apuestas online en Brasil
Empresas del sector, especialistas y clubes de fútbol alertan sobre los riesgos económicos y sociales de las restricciones. Temen que la medida favorezca al mercado ilegal y agrave el problema que busca resolver.
Brasil.- El Proyecto de Ley 2.985/2023, recientemente aprobado por la Comisión de Deportes (CEsp) del Senado brasileño, ha encendido las alarmas en el ecosistema de las apuestas deportivas. La propuesta, que impone severas restricciones a la publicidad de casas de apuestas, enfrenta una ola de críticas por parte de empresas del sector, especialistas en salud mental y clubes de fútbol.
La medida establece, entre otras cosas, que solo podrán exhibir sus marcas en los estadios aquellas casas de apuestas que sean patrocinadoras oficiales de los equipos. También prohíbe el uso de la imagen de atletas, artistas e influencers en campañas publicitarias, además de restringir los horarios de difusión de estas piezas.
El Instituto Brasileño de Jogo Responsável (IBJR) fue una de las entidades que se pronunció con mayor firmeza. En una nota oficial, advirtió que estas restricciones podrían fortalecer el mercado ilegal, que ya representa cerca de la mitad del sector. “Limitar la visibilidad de las casas legalizadas compromete los mecanismos de protección al consumidor”, señaló el IBJR, remarcando que el país ya cuenta con un marco regulatorio robusto para garantizar una comunicación ética y responsable.
Por su parte, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) expresó su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, argumentando que las restricciones podrían incentivar el crecimiento del mercado ilegal de apuestas. Según la entidad, la publicidad es una herramienta importante para diferenciar las casas de apuestas legales de los sitios web ilegales, que suelen estar dirigidos a niños y jóvenes.
La ANJL destaca que países como España e Italia se han retractado de medidas similares debido a la falta de aplicabilidad y al crecimiento del mercado ilegal. “Entendemos que cualquier restricción publicitaria en este momento, al inicio de la regulación de las apuestas deportivas en Brasil, otorgará una gran ventaja a las empresas que operan ilegalmente, ya que estas empresas no tienen límites, operando de una manera que las entidades que operan legalmente no pueden. Por lo tanto, es posible que se implementen restricciones, pero en el futuro, se realizará un estudio exhaustivo sobre el tema para no beneficiar a los infractores”, señaló Plínio Lemos Jorge, presidente de la ANJL.
Desde las empresas del sector, la reacción fue igualmente crítica. En declaraciones al medio Infomoney Ivan Dutra, CEO de LuckBet, consideró que “las restricciones absolutas y sin debate técnico pueden generar efectos contrarios a los deseados”. En la misma línea se manifestó João Fraga, CEO de la techfin Paag, alertó que las medidas genéricas “solo empujan la actividad hacia la informalidad”.
También hubo voces desde el ámbito académico. El psicólogo clínico y organizacional Cristiano Costa, de la EBAC, defendió la importancia de aprovechar el debate para promover educación y salud mental, en lugar de aplicar prohibiciones poco fundamentadas: “El desafío es comunicar con responsabilidad, no silenciar”, explicó a Infomoney.
Por su parte, los clubes de fútbol brasileños emitieron, antes del debate en la CEsp, una declaración conjunta en rechazo al proyecto, advirtiendo que las pérdidas económicas podrían ser devastadoras, especialmente para los clubes más pequeños.
El senador Carlos Portinho, relator del proyecto, respondió a las críticas acusando a los clubes de haber caído en una “adicción al dinero fácil” de las apuestas, y sostuvo que la autorregulación del sector ha sido insuficiente. “La sociedad está enferma. Los anuncios de apuestas están por todos lados. Necesitamos disciplinar”, dijo durante la sesión.
A pesar de que la propuesta aún debe pasar por otras comisiones antes de ser votada en el pleno del Senado, el debate ya se ha instalado con fuerza. Mientras los legisladores intentan equilibrar la protección a los consumidores con la sostenibilidad económica del sector, crecen las advertencias en torno a si las restricciones planteadas por el proyecto son realmente el camino más eficaz.
