Amplían querella contra Casino Dreams Talca e investigan a autoridades municipales
Bioecoterra incorporó antecedentes sobre un decreto alcaldicio y cambios en exigencias ambientales del proyecto de US$21m.
Datos clave:
- Bioecoterra amplió la querella criminal y solicitó investigar posibles delitos de autoridades municipales, incluido el alcalde Juan Carlos Díaz.
- El Decreto Alcaldicio N.º 06230 del 30 de septiembre de 2025 resolvió no revocar ni invalidar el permiso de edificación N.º 268.
- En el expediente de recepción definitiva, la exigencia del artículo 25 bis de la Ley 19.300 pasó a “SUBSANADO – NO APLICA” sin Resolución de Calificación Ambiental visible.
- Las profundidades informadas originalmente (1,4 a 1,6 metros) difieren de las ejecutadas (hasta 3 metros), cerca del humedal y con nivel freático a 1,3 metros.
- El SEA del Maule inició en julio de 2026 un procedimiento de invalidación de su pronunciamiento original sobre el ingreso al SEIA.
Resumen: La Corporación Bioecoterra amplió la querella criminal contra el proyecto del Casino Dreams de Talca, de aproximadamente US$21m, y solicitó investigar posibles responsabilidades penales de autoridades municipales, entre ellas el alcalde Juan Carlos Díaz y funcionarios de la Dirección de Obras Municipales. La presentación incorpora antecedentes sobre decisiones administrativas y cambios en exigencias ambientales que permitieron avanzar con la obra pese a los cuestionamientos. La disputa judicial suma un nuevo frente en torno a la legalidad de los permisos y la proximidad al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco.
Chile.- La disputa por la construcción del nuevo Casino Dreams de Talca sumó un nuevo frente judicial. La Corporación Bioecoterra, representada por el abogado Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, amplió la querella criminal presentada contra el proyecto y solicitó investigar posibles responsabilidades penales de autoridades municipales, entre ellas el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y funcionarios de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
La presentación incorpora antecedentes sobre decisiones administrativas que permitieron avanzar con el proyecto, cuya inversión asciende a aproximadamente US$21m, pese a los cuestionamientos sobre su tramitación ambiental y su proximidad al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco.
Entre los posibles delitos que los querellantes solicitan investigar figura la prevaricación administrativa, a partir de resoluciones municipales cuya competencia, oportunidad y fundamentos consideran cuestionables.
La ampliación se suma a una controversia que ya había llegado a los tribunales por distintas vías. En septiembre de 2026, Casino de Talca S.A. presentó una querella penal para investigar posibles inconsistencias en los antecedentes proporcionados a organismos públicos durante la tramitación de los permisos. La Fiscalía de Talca agrupó esa acción con denuncias ambientales anteriores de Bioecoterra.
El decreto municipal y las atribuciones de la Dirección de Obras
Uno de los principales antecedentes incorporados a la nueva presentación es el Decreto Alcaldicio N.º 06230, fechado el 30 de septiembre de 2025 y firmado por el alcalde Juan Carlos Díaz y el secretario municipal Andrés Maureira.
El documento resolvió «No revocar ni iniciar procedimiento de invalidación» del permiso de edificación N.º 268, otorgado al proyecto por la Dirección de Obras Municipales.
Según Bioecoterra, el decreto fue notificado recién el 29 de octubre de 2026, más de un año después de su emisión, aunque la Dirección de Obras ya lo había mencionado en comunicaciones anteriores.
La corporación también cuestiona que el documento fuera utilizado para responder una nueva solicitud de invalidación presentada en agosto de 2026, pese a que originalmente resolvía una petición formulada en agosto de 2025.
Otro de los puntos planteados se relaciona con las atribuciones de las autoridades que intervinieron. Los querellantes sostienen que la legislación urbanística y los criterios de la Contraloría reconocen competencias específicas a los directores de Obras Municipales para invalidar los permisos que otorgan.
Por ello, cuestionan que la decisión de no iniciar un procedimiento de invalidación haya sido adoptada mediante un decreto firmado por el alcalde, invocando las disposiciones generales sobre invalidación de actos administrativos.
La investigación solicitada deberá esclarecer si el municipio actuó dentro de sus atribuciones y si existieron irregularidades en la tramitación y notificación de las resoluciones.
La exigencia ambiental para la recepción definitiva
La ampliación de la querella también pone el foco en el procedimiento de recepción definitiva del nuevo casino.
El 29 de septiembre de 2026, Sociedad de Ríos Claros, empresa vinculada al proyecto de Dreams, solicitó la recepción definitiva de las obras. Sin embargo, Bioecoterra cuestiona cambios registrados posteriormente en los antecedentes municipales.
Según la presentación, en el expediente figuraba una exigencia relacionada con el artículo 25 bis de la Ley 19.300, que regula aspectos vinculados con la evaluación ambiental de proyectos.
No obstante, en el registro municipal publicado el 29 de octubre de 2026, el requisito pasó a aparecer con el estado «SUBSANADO – NO APLICA».
La corporación sostiene que el cambio se habría producido en aproximadamente quince días y cuestiona que, entre los antecedentes publicados, no figurara una Resolución de Calificación Ambiental ni un nuevo pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que justificara esa modificación.
El punto adquiere relevancia porque el SEA del Maule había iniciado en julio de 2026 un procedimiento de invalidación de su pronunciamiento original sobre la pertinencia de ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para Bioecoterra, es necesario esclarecer quién determinó que la exigencia ambiental ya no resultaba aplicable y cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos de esa decisión.
Las diferencias en las excavaciones y el vínculo con el humedal
El origen de buena parte de la controversia se encuentra en la resolución emitida por el SEA en junio de 2025, cuando determinó que el proyecto no debía ingresar al SEIA.
La decisión se basó en los antecedentes técnicos presentados por la empresa, que describían fundaciones de aproximadamente 1,4 metros de profundidad, con información que llegaba hasta los 1,6 metros.
Sin embargo, durante una fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, la compañía informó intervenciones subterráneas de mayor profundidad: fundaciones de 2,4 metros, instalaciones de agua potable de 2,75 metros y alcantarillado de hasta 3 metros.
La diferencia entre las profundidades inicialmente informadas y las correspondientes a las obras ejecutadas constituye uno de los principales puntos de discusión ambiental y judicial del caso.
Los antecedentes de la Dirección General de Aguas sitúan el nivel freático aproximadamente a 1,3 metros y describen un acuífero de alta vulnerabilidad. A partir de estos datos, Bioecoterra sostiene que las excavaciones podrían tener implicancias sobre las aguas subterráneas y la conexión hidrológica entre el terreno y el humedal.
El 15 de julio de 2026, el SEA del Maule inició un procedimiento de invalidación de su resolución original, abriendo una revisión administrativa sobre la decisión que había permitido avanzar con el proyecto sin evaluación ambiental previa.
La corporación también ha advertido sobre la ubicación del casino en una zona con riesgo de inundación y sobre los posibles efectos de las obras en el ecosistema del río Claro y el estero Piduco.
En paralelo, el proyecto recibió modificaciones municipales. En agosto de 2026, la DOM aprobó cambios al permiso de edificación original que elevaron la superficie construida de 7.655 a 7.933 metros cuadrados y el aforo de 4.490 a 4.587 personas, además de sustituir distintos planos de arquitectura.
Los antecedentes judiciales del proyecto
La ampliación de la querella se produce después de una serie de acciones administrativas y judiciales relacionadas con la construcción del nuevo casino.
En octubre de 2026, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó, con costas, el recurso de protección presentado por Bioecoterra para detener las obras.
El tribunal concluyó que el permiso de edificación se encontraba dentro de las atribuciones municipales y consideró los pronunciamientos técnicos que habían descartado la obligación de ingresar el proyecto al SEIA. También tuvo en cuenta que la Dirección de Obras Hidráulicas había revisado y aprobado el estudio hidráulico.
La Corte señaló que la corporación no había acreditado el daño alegado y que el recurso de protección no era la vía adecuada para reabrir cuestiones que ya habían sido abordadas mediante otros procedimientos administrativos y judiciales.
Por su parte, Dreams defendió la legalidad del proyecto y sostuvo que sus autorizaciones fueron revisadas por los organismos competentes. El abogado de la compañía, Pedro Moya, calificó las acciones judiciales como un uso abusivo de los tribunales y afirmó que el proyecto cumple con la normativa aplicable.
Sin embargo, el rechazo del recurso de protección no resuelve por sí mismo las nuevas cuestiones planteadas en la ampliación de la querella. Se trata de procedimientos con objetos diferentes: mientras el recurso buscaba detener las obras por posibles vulneraciones de derechos, la acción penal pretende esclarecer eventuales delitos durante la tramitación de los permisos y las decisiones administrativas.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué autoridades se pide investigar en la ampliación de la querella? Se solicita indagar posibles responsabilidades penales del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales por decisiones administrativas vinculadas al permiso de edificación y a la tramitación del proyecto.
- ¿Qué resuelve el Decreto Alcaldicio N.º 06230 cuestionado? El decreto del 30 de septiembre de 2025, firmado por el alcalde y el secretario municipal, resolvió no revocar ni iniciar procedimiento de invalidación del permiso de edificación N.º 268 otorgado al proyecto.
- ¿Qué cambio se registró en la exigencia ambiental para la recepción definitiva? La exigencia vinculada al artículo 25 bis de la Ley 19.300 pasó a figurar como “SUBSANADO – NO APLICA” en el registro municipal del 29 de octubre de 2026, sin que conste una Resolución de Calificación Ambiental ni un nuevo pronunciamiento del SEA que lo justifique.
- ¿Cuál es la diferencia en las profundidades de excavación del proyecto? Los antecedentes iniciales describían fundaciones de aproximadamente 1,4 a 1,6 metros, mientras que en fiscalización se informaron fundaciones de 2,4 metros e instalaciones de hasta 3 metros, en un sector con nivel freático cercano a 1,3 metros.
