Oficial: Madrid no entregará nuevas licencias a salas de juego hasta mayo de 2022
El Gobierno local extendió por un plazo de seis meses adicionales la suspensión de la concesión de nuevas salas de juego, la que había sido fijada en el arranque de 2020.
España.- Este miércoles 10 de noviembre, se oficializó la prórroga para entregar nuevas licencias a salas de juegos o locales de apuestas en Madrid. La medida quedó establecida mediante la publicación del Decreto 233/2021 en el Boletín Oficial.
El decreto, conformado por un único artículo, establece que la suspensión se extenderá hasta la entrada en vigor del Decreto que regule la planificación de los establecimientos de juego en el territorio de la Comunidad de Madrid. Asimismo, precisó que el plazo máximo será el 15 de mayo de 2022.
Esta norma del Consejo de Gobierno viene a modificar el Decreto 21/2020, por el que se dispuso “la suspensión de la concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de los establecimientos de juego y de la emisión de informes de consultas previas de viabilidad, en tanto se realiza la planificación de los mismos en el territorio de la Comunidad de Madrid”.
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El por qué de la prórroga
De acuerdo con el Decreto 233/2021, las circunstancias extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 afectaron a la tramitación de la elaboración del Decreto de planificación de los establecimientos de juego, por lo que no es previsible su publicación en el Boletín Oficial antes del 14 de noviembre de este año.
A su vez, se indica que “dado que subsisten las mismas circunstancias y razones por las que se acordó la suspensión, se considera necesario y oportuno mantener la suspensión de la concesión de dichas autorizaciones más allá del plazo máximo actualmente establecido mientras se procede a la determinación de la oportuna planificación”.
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Entre los motivos, se listan:
- Evitar acciones especulativas durante el proceso de elaboración del decreto de planificación de los establecimientos de juego, que pudieran frustrar la regulación futura sobre la planificación que finalmente se adopte haciéndola ineficaz.
- Atender razones de interés general, y en especial la protección de los menores, la adolescencia y demás colectivos especialmente vulnerables al juego, que son el bien jurídico a proteger.