Nuevo proyecto de ley en Brasil para que las empresas de apuestas financien iniciativas de salud mental dentro del sistema público de salud
La iniciativa de la diputada Ana Paula Lima plantea crear la TFS-Apostas, con una alícuota inicial del 2 por ciento sobre la recaudación de los operadores, que podría alcanzar hasta el 6 por ciento. Los fondos serían destinados a prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por el juego problemático
Brasil.- La diputada federal Ana Paula Lima presentó el Proyecto de Ley 4.761/2026, que propone crear una nueva tasa sobre las empresas autorizadas a operar apuestas de cuota fija en Brasil para financiar acciones vinculadas a la salud mental dentro del Sistema Único de Salud (SUS).
La iniciativa establece la creación de la Tasa de Inspección Sanitaria sobre Apuestas de Cuota Fija (TFS-Apostas). El gravamen se aplicaría mensualmente sobre la recaudación de los operadores y tendría una alícuota inicial del 2 por ciento.
El proyecto contempla que el porcentaje pueda ser revisado periódicamente por el Poder Ejecutivo a partir de informes técnicos del SUS. La tasa tendría un mínimo del 1 por ciento y podría alcanzar un máximo del 6 por ciento.
Según la propuesta, los recursos obtenidos a través de la TFS-Apostas serían transferidos al Fondo Nacional de Salud (FNS) y quedarían asignados a una subcuenta específica destinada al enfrentamiento del trastorno del juego.
El dinero tendría una utilización exclusiva en medidas relacionadas con el juego problemático, incluyendo prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. También podría financiar acciones de vigilancia epidemiológica, campañas de concientización y capacitación de profesionales sanitarios para detectar y abordar casos de comportamiento compulsivo asociado a las apuestas. La iniciativa plantea así una fuente de financiamiento específica para ampliar la capacidad del sistema público frente a la demanda de atención relacionada con el juego problemático.
El SUS registró un aumento de los casos atendidos
La presentación del proyecto se produce en un contexto de incremento de la demanda de atención relacionada con el juego patológico y las apuestas compulsivas. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud citados en la iniciativa, el SUS contabilizó 10.553 atenciones vinculadas con estas condiciones entre enero de 2018 y mayo de 2025, un aumento del 104 por ciento durante ese período.
En marzo de 2026, además, el Ministerio de Salud puso en funcionamiento un servicio gratuito de telesalud para personas que enfrentan problemas relacionados con las apuestas. El servicio está disponible a través de la aplicación Meu SUS Digital y comenzó con una capacidad aproximada de 600 atenciones mensuales.
Para Lima, este escenario justifica una mayor participación de las empresas de apuestas en el financiamiento de las políticas sanitarias vinculadas a la actividad. “Si apostar puede causar dependencia, las empresas que lucran con esta actividad también deben ayudar a pagar el tratamiento”, sostuvo la diputada en los fundamentos del proyecto.
La diputada también considera insuficiente la participación que actualmente recibe el área de salud dentro de la distribución de los recursos generados por las apuestas. Según los fundamentos del PL 4.761/2026, la salud recibe actualmente el 1 por ciento de la porción del 12 por ciento de la recaudación que no corresponde a los operadores. Para Lima, esa participación no sería suficiente frente a los costos que puede generar la atención de las personas afectadas por el juego problemático.
La nueva tasa buscaría, de este modo, establecer una relación más directa entre la actividad regulada y el financiamiento de las políticas sanitarias asociadas a sus posibles impactos.
Además de crear la tasa, el proyecto incorpora nuevas obligaciones para los operadores autorizados. Las empresas deberían entregar anualmente al Ministerio de Salud datos agregados y anonimizados sobre apostadores identificados como pertenecientes a grupos de alto riesgo para desarrollar dependencia. El objetivo sería mejorar la capacidad del Estado para dimensionar y monitorear el fenómeno, preservando la identidad de los usuarios.
El texto también propone incluir el trastorno del juego entre las condiciones sujetas a notificación obligatoria, con el propósito de fortalecer la vigilancia epidemiológica.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en las sanciones previstas por la Ley 14.790/2023, además de eventuales responsabilidades en los ámbitos administrativo, civil y penal.
En caso de aprobación, el texto establece que la ley entraría en vigor en la fecha de su publicación, aunque los efectos financieros de la nueva tasa comenzarían en el ejercicio fiscal siguiente y deberían respetar el plazo mínimo de 90 días previsto por la Constitución brasileña.
De avanzar, la iniciativa incorporaría un nuevo componente al esquema regulatorio de las apuestas en Brasil: una tasa vinculada específicamente al financiamiento de políticas de prevención y atención del juego problemático, junto con nuevas obligaciones de información y vigilancia para los operadores.
