No habrá novedades sobre el futuro del juego en Florida hasta octubre

No habrá novedades sobre el futuro del juego en Florida hasta octubre

Los tribunales de justicia del Estado de la Florida tienen en sus manos el futuro del acuerdo de 3 billones de dólares no logrado, entre el gobernador Rick Scott y la Tribu Seminole.

Estados Unidos.- Luego de que tanto los abogados de la tribu Seminole como del Estado solicitaran se posponga el pronunciamiento de la justicia sobre el futuro del juego en la Florida, el juez federal Robert Hinkle anunció que la misma se hará efectiva. La decisión estaba prevista a tomarse durante el próximo verano pero después del veredicto del juez, la misma se postergará hasta octubre.

Los tribunales de justicia del Estado de la Florida son los que tienen la responsabilidad de definir el futuro del acuerdo de 3 billones de dólares no logrado entre el gobernador Rick Scott y la Tribu Seminole. Entre los puntos más relevantes de los inconclusos tratados se incluye una extensión en los derechos de juego de la Tribu por otros 20 años, la posibilidad de incluir juegos de dados y ruleta a sus actuales casinos y una expansión de máquinas tragamonedas en todo el estado.

Las negociaciones entre Scott y la Tribu tuvieron lugar durante gran parte del año pasado pero no lograron llegar a buen puerto, conociéndose el rechazo definitivo de parte de los legisladores estatales a principios de mes. Ahora será tarea de la Justicia determinar la aprobación o no de los mencionados acuerdos en medio de posiciones muy distintas en el estado.

El tribunal también podría decidir que la Legislatura no cuenta con la potestad de autorizar máquinas tragamonedas fuera de los condados Miami-Dade y Broward, en los que se ganaron referendos en el 2005, sin la aprobación de los votantes de todo el estado. Eso pondría fin a la influencia de los legisladores y solo la Legislatura podría determinar qué lugares tendrían nuevos juegos.

Actualmente, la tribu Seminole posee el monopolio del sector del juego fuera del Sur de la Florida bajo un acuerdo firmado en 2010, a través del cual le paga al estado 250 millones de dólares anualmente en ingresos compartidos por ese derecho.