Municipio de Rinconada denuncia a la SCJ y Enjoy ante la Contraloría por falta de pago de impuestos
La Municipalidad reclama el incumplimiento en la transferencia de fondos del impuesto específico al juego de 2025 y solicita una fiscalización urgente a la Tesorería y al regulador.
Chile.- La Municipalidad de Rinconada presentó una denuncia formal ante la Contraloría Regional de Valparaíso en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la Tesorería General de la República y el Casino Enjoy Santiago. El municipio acusa el incumplimiento en el pago del impuesto específico al juego que le corresponde conforme lo establece el artículo 60 letra a) de la Ley N° 19.995.
La acción fue interpuesta por el alcalde Juan Galdames Carmona, quien solicitó al órgano contralor medidas de fiscalización para restablecer el cumplimiento de la normativa vigente. Según la municipalidad, la interrupción de estos recursos ha generado un perjuicio financiero que afecta la planificación presupuestaria y los programas sociales de la comuna.
De acuerdo con los antecedentes de la denuncia, la Tesorería General de la República informó que el casino no habría pagado el impuesto en junio y octubre de 2025. Sin embargo, el boletín estadístico de la SCJ de noviembre de 2025 indica que dichos meses figuran como pagados, lo que evidencia una inconsistencia entre los organismos que requiere ser aclarada por los organismos competentes.
Asimismo, el municipio incluyó un correo electrónico del gerente general de Enjoy Santiago, Francisco Prado Contreras, quien habría informado sobre impuestos pendientes y la tramitación de un convenio de pago con la Tesorería.
La denuncia del alcalde Galdames está fundamentada en diversas normas legales, entre ellas el DFL N°1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que establece la obligación de la Tesorería General de la República de recaudar, custodiar y distribuir los ingresos públicos conforme a la ley, así como la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N°18.695), que reconoce el derecho de las municipalidades a percibir los ingresos provenientes de impuestos y contribuciones.
A lo anterior se suma lo establecido en la Constitución Política de la República, cuyos artículos 6 y 7 consagran el principio de juridicidad que obliga a los órganos del Estado a actuar dentro de sus competencias y conforme a la ley, mientras que el artículo 98 otorga a la Contraloría General de la República la facultad de controlar la legalidad de los actos de la administración.
Desde la administración local señalaron que la falta de transferencia supera los CLP1.200m (más de US$1m). Por ello, solicitaron a la Contraloría que requiriera los comprobantes de pago a la Tesorería y un informe de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos.
También se solicitó la adopción de medidas administrativas y correctivas que se estimen procedentes, dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de restablecer el cumplimiento íntegro, oportuno y efectivo del régimen legal vigente y asegurar la transferencia de los recursos que corresponden a la Municipalidad de Rinconada.
Cabe recordar que la venta del Casino de Rinconada se concretó en el marco del proceso de reorganización judicial de Casino Enjoy y fue autorizada por los organismos correspondientes, aunque su traspaso quedó sujeto a las condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mientras se desarrolla el proceso judicial por supuesta colusión entre Enjoy, Dreams y Marina del Sol, para afectar el resultado de las licitaciones de casinos. En este contexto, recientemente se conoció que los nuevos propietarios del Casino de Rinconada solicitaron formalmente al TDLC ser parte del juicio por colusión que se sigue a nivel nacional en contra de operadores de casinos.
