Luis Cordero cuestiona el cobro de impuestos a las apuestas online en Chile y advierte que su judicialización es “inevitable”

Luis Cordero cuestiona el cobro de impuestos a las apuestas online en Chile y advierte que su judicialización es “inevitable”

El exministro y asesor legal de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos calificó de “absolutamente ilegal” la resolución del SII que establece un mecanismo de inscripción y tributación para las plataformas. La ACCJ pidió reconsiderar la decisión ante la Contraloría y evalúa avanzar en tribunales.

Chile.- El exministro de Seguridad y Justicia Luis Cordero, actualmente asesor legal externo de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), volvió a cuestionar el tratamiento que el Servicio de Impuestos Internos (SII) está dando a las plataformas de apuestas online y sostuvo que la resolución que establece un mecanismo para su inscripción y cobro de impuestos es ilegal.

En una entrevista con El Mercurio, Cordero afirmó que el organismo tributario excedió sus atribuciones al establecer administrativamente un procedimiento que, a su juicio, termina regularizando de hecho a las plataformas.

La decisión es absolutamente ilegal. No solo carecía de atribuciones para dictar esa resolución, sino que establecer un procedimiento para la inscripción y cobro de impuestos como si lo estuviera asimilando a un casino regular son dos cosas que lo hacen ilegal y tienen una serie de peligros asociados”, sostuvo.

La postura profundiza los cuestionamientos que la ACCJ ya había planteado frente a la decisión del SII. Para el gremio, la posibilidad de que una plataforma se inscriba ante el organismo fiscal y tribute no equivale a contar con una autorización para operar, y el tratamiento tributario no debería reemplazar una regulación específica para la actividad.

Uno de los principales argumentos de Cordero es la contradicción que, según su interpretación, existe entre la resolución del SII y las decisiones judiciales sobre las plataformas de apuestas online. “No considera las declaraciones judiciales que señalan explícitamente que este tipo de impuestos son ilegales. Lo segundo es que, paradójicamente, mientras el SII obliga a la inscripción de los sitios, la Corte Suprema dice que esos sitios tienen que estar bloqueados”, afirmó.

El abogado también cuestionó que la resolución del organismo tributario haya avanzado sobre una materia que involucra competencias de otras áreas del Estado. En particular, mencionó ámbitos como Educación, Niñez y Seguridad, además de la propia Contraloría General de la República.

La ACCJ presentó una solicitud de reconsideración ante la Contraloría después de que el organismo evitara pronunciarse sobre la materia al considerar que se trata de un asunto litigioso. Según Cordero, si finalmente la Contraloría mantiene esa posición, la judicialización de las decisiones del SII será inevitable.

“Hasta ahora he estado a cargo de la estrategia jurídico-administrativa, que incluye la judicial”, confirmó el exministro a El Mercurio.

La ACCJ mantiene su apuesta por una regulación integral

Más allá de la disputa tributaria, Cordero reiteró que la posición de la asociación no consiste simplemente en mantener a las plataformas fuera del mercado, sino en establecer condiciones regulatorias claras para cualquier operador que quiera competir. “Si habrá competencia, que sea en contextos regulados”, sostuvo.

En ese eventual esquema, señaló que deberían definirse cuestiones como la autorización pública para operar, el sistema y número de licencias, la identificación y domicilio fiscal de los operadores y la trazabilidad de los fondos, incluyendo el destinatario final de los recursos.

También mencionó la necesidad de establecer mecanismos de protección para los jóvenes frente a las apuestas excesivas y medidas relacionadas con los funcionarios públicos, además de reglas específicas para la publicidad.

El planteo continúa la posición que la ACCJ viene sosteniendo frente al debate chileno: la tributación no debería ser el punto de partida para abordar la actividad, sino uno de los componentes de una regulación más amplia que determine primero quién puede operar y bajo qué condiciones.

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