Loterías municipales avanzan en Brasil pese a cuestionamientos legales
Más de 70 municipios brasileños han aprobado leyes para crear loterías propias, pero el gobierno federal las considera irregulares, generando un debate jurídico aún sin resolución.
Brasil.- En un movimiento que busca aumentar la recaudación para financiar servicios públicos como salud, educación y asistencia social, 77 municipios de Brasil han aprobado leyes para establecer loterías municipales, según un relevamiento del portal G1. Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, califica estas iniciativas como irregulares, argumentando que la Ley 14.790/2023 reserva la explotación de apuestas de cuota fija a la Unión, los estados y el Distrito Federal, sin mencionar a los municipios.
De los 77 municipios con leyes aprobadas, tres aún esperan la sanción de sus alcaldes, 39 han sido sancionadas pero no han avanzado, 17 están en fase de estudio o implementación, y otros 17 aguardan la finalización de pliegos o licitaciones para contratar empresas operadoras. Solo Bodó, en Rio Grande do Norte, tiene una lotería en funcionamiento, la Lotseridó, sancionada en julio de 2024 por el alcalde Marcelo Mário Porto Filho. Esta lotería obliga a las empresas a registrarse en la plataforma municipal, presentar informes mensuales y transferir el 2 por ciento de sus ingresos brutos para programas sociales y de desarrollo local. Bodó ha autorizado a 37 empresas, ninguna de las cuales cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda.
El auge de estas iniciativas se basa en una interpretación legal de los municipios, que consideran que la ausencia de una prohibición explícita en la legislación les permite crear estas loterías. Esta postura se apoya en una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de 2020, que rompió el monopolio de la Unión sobre las loterías y extendió el derecho a los estados. Sin embargo, la falta de claridad sobre los municipios ha generado una “brecha legal”.
Entre los 77 municipios, 10 buscan operar exclusivamente apuestas de cuota fija, mientras que otros contemplan sorteos y diferentes modalidades de juegos. Las leyes municipales suelen establecer tasas del 2 al 5 por ciento sobre los ingresos de las empresas operadoras. Sin embargo, especialistas advierten sobre riesgos para el mercado y los consumidores, como una menor protección debido a la falta de exigencias estrictas, como la tasa de R$30m (US$5,6m) requerida por la ley federal, y una fiscalización más compleja y costosa si los más de 5.000 municipios del país implementaran loterías propias.
El gobierno federal mantiene un listado de operadoras autorizadas a nivel nacional y solicita a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) la clausura de sitios irregulares. En febrero, Bodó, con apenas 2.363 habitantes, fue notificado por violar la legislación vigente tras autorizar 38 casas de apuestas, equivalente a una por cada 64 habitantes. La municipalidad de Bodó no ha respondido sobre los ingresos generados ni sobre la autorización de empresas no reconocidas por el Ministerio de Hacienda.
El debate sobre las loterías municipales sigue abierto, con implicaciones legales, económicas y sociales que dependerán de la decisión final del STF.
