La próxima semana se votaría la nueva Ley del Juego en Aragón
El proyecto de modificación de la ley se votaría el próximo jueves 23 de marzo.
España.- En medio de las críticas por parte de las principales asociaciones de empresarios del juego, de hotelería y sindicatos de Aragón que se unieron para exigir modificaciones al proyecto de ley de modificación de la actual Ley 2/2000 del Juego de Aragón, se conoció que la votación de la iniciativa legislativa se realizaría en una semana.
El proyecto de ley se votará el próximo jueves 23 de marzo en el último pleno ordinario de las Cortes, de acuerdo con los trascendidos.
La modificación de la actual Ley 2/2000 del Juego de Aragón establece un mayor control sobre el acceso a los locales de juego, en busca de proteger a sectores vulnerables como jugadores patológicos o menores de edad.
Entre otras cuestiones, prevé un control de acceso en la entrada en los salones, un libro de registros de visitantes, la prohibición del juego gratuito, la eliminación de los llamados bonos de bienvenida, y que no se asocie el juego con el deporte.
La nueva normativa también prevé el alejamiento de estas casas los centros escolares y centros juveniles. Según el texto pendiente de aprobar, no podrán estar a menos de 500 metros de distancia. Además, las máquinas de los bares no podrán tener estímulos sonoros ni visuales. En la nueva legislación, a su vez, se considera infracción muy grave conceder préstamos o créditos a los jugadores.
Uno de los puntos cuestionados por los empresarios es que se obligaría a establecer un control de encendido de las tragamonedas por mando.
En su comunicado, desde la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA), señalaron la prohibición contemplada en el proyecto de ley para que los clientes puedan efectuar pagos con sus tarjetas de crédito, algo que hasta ahora sí estaba permitido y que, además de ser práctica creciente en todo el mundo, es viable en el juego público y online. Por otro lado, está recomendado en diversas leyes de lucha contra el fraude y aporta seguridad tanto a las personas que trabajan en los salones como a los usuarios, al disminuir el dinero en efectivo utilizado.
Del mismo modo, la asociación indica que la aplicación planteada en el proyecto de ley del Registro de Juego de Prohibidos en Aragón (REJUP) en los establecimientos de hostelería, que obliga a que sean sus titulares y empleados quienes realicen las comprobaciones previas para saber si una persona puede o no jugar en una máquina, plantea muchas incógnitas sobre cómo se va a realizar el tratamiento de los datos personales y va a suponer grandes molestias para los bares.
Además de contar con el equipamiento informático adecuado, habrán de tener personas dedicadas a este tipo de trámites, lo que augura “una masiva desaparición de máquinas recreativas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, pues se estima que por cada una que se quita se destruye un empleo”.
La monitorización en tiempo real por parte de la Administración de las máquinas de los salones de juego es asimismo “considerada inasumible por las empresas, pues además de comportar a corto plazo costosas inversiones que pueden superar los 200.000 euros por local y que se podrían hacer paulatinamente conforme se vayan renovando las máquinas”, es redundante puesto que “los terminales ya ofrecen toda esa información accesible en la sala”, según el comunicado de AESA.
La asociación recordó además que el proyecto de ley “sigue sin aprovechar todas las posibilidades que brinda la tecnología en lo que al control de accesos respecta”, con soluciones de reconocimiento ya operativas tanto en muchas otras comunidades autónomas como en establecimientos de gran afluencia como aeropuertos o estadios de fútbol, entre otros.
En opinión de José Antonio Rubio, presidente de AESA, “los grupos políticos de las Cortes de Aragón pueden hacer lo que el Gobierno de Aragón no ha hecho, que es mejorar una ley a la que no nos oponemos, pero que aporta inseguridad, contempla medidas obsoletas que revelan un profundo desconocimiento del sector y causará un enorme daño que estimamos en la pérdida de cerca de 2.000 puestos de trabajo, buena parte de ellos en pequeños negocios de hostelería que se sustentan gracias a la aportación de la máquina y van a tener que cerrar”.
Una decena de otras asociaciones respaldaron las críticas de AESA y solicitaron que antes de pasar el texto a su aprobación definitiva se convoque a la Comisión de Juego para analizar las consecuencias de las nuevas medidas.
Ver también: Asociaciones de empresarios de juego apuntaron contra el juego público en España
