La ley de juegos de azar en Paraguay suma críticas antes de su tratamiento

Gremios y empresarios siguen manifestándose en contra del proyecto de ley que debería haberse debatido la semana pasada, pero será tratado esta semana.

Paraguay.- Sigue la polémica alrededor del proyecto de ley de juegos de azar que, entre otras cosas, busca darle mayor autonomía a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para que pase a ser la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar). Luego de que el pasado martes 7 de diciembre se postergase su tratamiento por ocho días, se vuelven a alzar voces en contra.

Según denunció la presidente de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, en una entrevista con el medio paraguayo ABC, el proyecto propone obtener el 20 por ciento de la recaudación mensual de Conajzar para sus recursos, y el resto será distribuido a municipios, gobernaciones y la Dirección Nacional de Beneficencia Social (Diben) con un nuevo sistema de cálculos.

“El proyecto de ley de Ortiz —cuestionado presidente de Conajzar— no sólo no tiene criterios técnicos que lo sustentan, también implica una disminución de recursos para la Diben”, dijo Rojas en la entrevista. 

Añadió que la recaudación mensual de la comisión es de G.12.000 millones y la distribución actual es de 30 por ciento para municipios; 30 por ciento para gobernaciones; 30 por ciento a Diben; y 10 por ciento va al Tesoro Nacional. 

Otro aspecto cuestionado por Rojas a la propuesta que se tratará este martes en una audiencia pública convocada por la comisión de Asuntos Constitucionales, es lo relacionado a la competencia de los municipios, dado que se les reconocería su autonomía pero bajo los términos establecidos por Dinajzar: “Será la Dinajzar la que establezca parámetros para que determinadas máquinas operen o no, y podrá establecer exigencias que no cumplan los inversionistas menores del mercado”, dijo. 

Por último, añadió en ABC, que todo ese plan se ideó a espaldas del sector privado, sin criterios técnicos que fomenten la industria del juego responsable ni atención sanitaria de los jugadores: “Vemos que este proyecto es discrecional, monopólico, selectivo y oscuro”, cerró.

Por otro lado, también se consultó a Carlos Ríos, empresario del rubro del juego, quien aseguró que el proyecto centraliza el control en una institución y que solo beneficia a la quiniela y las apuestas deportivas.  

Ver también: Postergan el debate sobre la ley de juegos de azar en Paraguay

Otros planteos

En el seguimiento de Focus Gaming News en el tema, se informó que fueron varias las asociaciones ligadas al juego de azar que manifestaron su preocupación ante la posible aprobación de una nueva ley de regulación de juegos de azar. La previamente mencionada Apoja, se unió en su reclamo a la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar y la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja).

Según informó el sitio paraguayo ABC Color, los empresarios enviaron una carta a la diputada Kattya González para solicitar su acompañamiento a su postura crítica a la propuesta de ley. 

Los gremios del rubro recurrieron a varias instituciones públicas para impedir el tratamiento y solicitaron a las comisiones una prórroga de seis meses para discutir la propuesta. 

La preocupación de los empresarios radica en que el proyecto, que pretende modificar o reemplazar la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, puede ser necesario, pero está planteado como un “stock de privilegios y derechos”. 

A lo que apuntaron los representantes de los gremios es a que esta iniciativa no incluye datos cualitativos ni cuantitativos que lo sustenten como una ley “justa, igualitaria y competitiva, que promueva la inversión privada y sea generadora de fuentes de trabajo”. 

Por otro lado, también agregaron que este proyecto viola el principio de igualdad ante la ley al establecer diferencia tributaria y la libertad de competencia al mantener el monopolio de la empresa que tiene actualmente la explotación de la quiniela, Technologies Development of Paraguay SA (TDP). Critican también la centralización del otorgamiento de licencias.

En ese punto, respecto a la centralización del poder en una sola institución, manifestaron su preocupación acerca de la desconfianza que la misma acarrea luego de las denuncias que Conajzar enfrentó este último año. 

Otro aspecto sobre el que hicieron hincapié en su crítica fue que en el proyecto no se garantiza “participación y transparencia”, ya que no se somete a la legislación de compras públicas y el control de Contrataciones Públicas. 

“El presidente de Conajzar estipuló autonomía en redactar las reglas de los procesos licitatorios y ser un ente que realiza y supervisa posteriormente el llamado, sin intervención de demás órganos de control establecidos en licitaciones públicas”, indicaron las asociaciones y agregaron que “no define parámetros técnicos sobre los cuales se evaluarían las mencionadas concesiones”.