La justicia valida los reglamentos de la Comisión de Juegos de Puerto Rico
Regulan la operación de las máquinas tragamonedas y establecen el cobro por las licencias a los operadores de estos equipos.
Puerto Rico.- La Comisión de Juegos del gobierno recibió el visto bueno del Tribunal de Apelaciones de San Juan, que reconoció como válidos los reglamentos que regulan la operación de las máquinas tragamonedas, y establecen el cobro por las licencias a los operadores de estos equipos.
De esta manera, la decisión revoca un fallo del Tribunal Superior de San Juan que había declarado nulos los reglamentos 9174 y 9175, ambos de 2020, los cuales fueron impugnados por un grupo de operadores de máquinas ilegales.
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La sentencia igualmente ratifica las facultades concedidas a la Comisión mediante la Ley de Máquinas de Juegos de Azar, para reglamentar e imponer sanciones administrativas y criminales contra los negocios que operen tragamonedas de forma ilegal.
Orlando Rivera, director ejecutivo de la Comisión dijo: “Exhortamos a los negocios a que legalicen las operaciones de sus equipos, a través de un operador de máquinas de juegos de azar debidamente certificado por la Comisión. La decisión del Tribunal de Apelaciones dejó claramente establecido que la Comisión puede vender y cobrar derechos por las licencias para la operación de los equipos, según dispone la ley, y eso es lo que estamos haciendo”.
Los comerciantes además se exponen al pago de multas, que van de U$S5 mil a U$S20 mil, a la confiscación de las máquinas y al encausamiento criminal, que conlleva penas de seis meses a un año de cárcel.
Antecedentes de la regularización
Las primeras 100 licencias fueron emitidas en febrero de 2021 a los operadores que se sometieron al proceso de licenciamiento y fueron declarados dueños mayoristas.
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El costo mínimo de una licencia asciende U$S150 mil, ya que por ley el dueño mayorista debe poseer un mínimo de 100 máquinas, y cada uno de los marbetes que deben ser adosados a las máquinas cuesta U$S1,5 mil. Un operador puede tener un máximo de 250 máquinas.
Sin embargo, luego de la certifcación de los operadores, la empresa Electronic Games radicó una demanda contra la Comisión en la que alegó que la agencia carecía de autoridad legal para adoptar reglamentos, debido a que el proceso de reglamentación comenzó bajo la Companía de Turismo, que regulaba anteriormente los juegos de azar.
Según declaró Rivera ahora se comenzará con la función de fiscalización que les confiere la ley. Y además anunció que próximamente culminarán las reuniones con el Departamento de Justicia y la Policía para completar la coordinación de los operativos contra los negocios que operen máquinas sin licencia.
