La Fiscalía General de Brasil pide suspender la ley de Rio Gran de Sul sobre la publicidad de apuestas
El organismo recurrió al Supremo Tribunal Federal para frenar una norma aprobada al considerar que invade competencias federales y podría generar inseguridad jurídica para los operadores autorizados.
Brasil.- La Fiscalía General de la República (PGR) solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la suspensión de la Ley Estadual N.º 16.508/2026 de Rio Grande do Sul, una norma que introduce nuevas restricciones a la publicidad de las apuestas de cuotas fijas en el estado. La petición fue presentada dentro de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7971, impulsada por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), que cuestiona la validez de la legislación aprobada por el gobierno estadual.
La ley, cuya entrada en vigor está prevista para el 25 de agosto, establece que los anuncios de apuestas deportivas solo podrán emitirse entre las 21:00 y las 6:00 horas en televisión, radio, plataformas de streaming y otros medios audiovisuales. También prohíbe la publicidad en centros educativos, establecimientos sanitarios y espacios frecuentados principalmente por menores de edad.
Además, la normativa concede mayores facultades de fiscalización a PROCON-RS, incluyendo la posibilidad de imponer multas, ordenar la retirada de contenidos, bloquear sitios web e incluso suspender o cancelar registros estatales vinculados a operadores que incumplan las disposiciones.
La Fiscalía cuestiona la competencia del estado
En su dictamen, la PGR sostuvo que la regulación de la publicidad comercial es una capacidad exclusiva de la Unión y recordó que el mercado de apuestas ya cuenta con un marco regulatorio federal específico, integrado principalmente por la Ley 14.790/2023 y la Ordenanza SPA/MF 1.231/2024. Según el organismo, permitir que cada estado establezca reglas propias sobre publicidad podría generar un escenario fragmentado y contradictorio para las empresas autorizadas a operar en el país.
La Fiscalía también argumentó que las apuestas de cuotas fijas forman parte de la actividad lotérica nacional y, por tanto, su regulación corresponde al Gobierno federal. A su juicio, Rio Grande do Sul excedió sus capacidades al crear restricciones que afectan directamente el funcionamiento de un sector ya regulado a nivel nacional.
Otro de los puntos cuestionados se refiere a las disposiciones relacionadas con telecomunicaciones y radiodifusión. La PGR entiende que las limitaciones horarias, los bloqueos de sitios web y las obligaciones impuestas a proveedores de internet y medios de comunicación afectan materias cuya regulación también corresponde exclusivamente a la Unión.
Régimen de sanciones
La presentación de la Fiscalía pone especial atención en el régimen de responsabilidad solidaria creado por la ley estatal. La norma prevé que operadores, agencias de publicidad, medios de comunicación y proveedores de internet puedan ser responsabilizados conjuntamente por infracciones relacionadas con la difusión de anuncios de apuestas.
Para la PGR, este aspecto viola algunas competencias federales vinculadas al derecho civil y comercial, al establecer obligaciones y responsabilidades que no están contempladas en la legislación nacional vigente. «La creación de un régimen de responsabilidad solidaria entre operadores de apuestas, agencias de publicidad, medios de comunicación y proveedores de internet constituye una cuestión de derecho civil y mercantil, bajo la jurisdicción exclusiva del Gobierno Federal», explicaron.
El organismo advirtió, además, que la coexistencia de reglas federales y estatales podría generar inseguridad jurídica para los operadores autorizados, obligándolos a adaptarse a distintos marcos regulatorios según la jurisdicción donde desarrollen sus actividades.
Rio Grande do Sul defiende las restricciones
Tanto el Gobierno de Rio Grande do Sul como la Asamblea Legislativa defendieron la constitucionalidad de la norma y solicitaron que la acción sea rechazada. Argumentan que la ley busca proteger a consumidores, niños y adolescentes de los riesgos asociados a la exposición publicitaria de las apuestas y sostienen que la medida se encuadra dentro de las competencias concurrentes de los estados en materia de salud pública y defensa del consumidor.
El gobernador también advirtió sobre el denominado “peligro inverso”, señalando que una eventual suspensión de la ley podría dejar sin efecto mecanismos destinados a proteger a sectores vulnerables de la población.
Por su parte, la Asamblea Legislativa sostuvo que existen precedentes judiciales que avalan restricciones publicitarias sobre actividades consideradas sensibles y defendió la facultad del Estado para adoptar medidas complementarias de protección social.
