La causa Conajzar avanza en la justicia paraguaya
Hoy se llevará a cabo la audiencia preliminar que había sido suspendida el mes pasado.
Paraguay.- La novela judicial por la causa contra el ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y otros seis acusados finalmente parece estar avanzando. Luego de que el mes pasado se suspendiera la audiencia preliminar, hoy será el día en el que comenzará a definirse el futuro de las personas investigadas.
La misma se llevará a cabo entre hoy y mañana (26 y 27 de julio) ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien definirá la suerte del expresidente de la institución, José Ortiz, respecto a si la causa se eleva a juicio oral y público tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación.
Desde la Fiscalía también adelantaron que van a sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar. Sostienen que cuentan con suficientes elementos de prueba para que el presente caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y a los demás procesados por lesión de confianza.
El presente caso ya se suspendió en varias oportunidades por recusaciones que se presentó contra el magistrado Otazú, quien fue confirmado en su momento por el Tribunal de Apelación.
En caso de que el juez eleve a juicio oral el expediente, se deberá realizar un sorteo para saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que tendrán a su cargo juzgar al expresidente de Conajzar.
El ex titular de la Comisión José A. Ortiz y la directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso, fueron acusados de lesión de confianza.
Los otros acusados en la causa son: Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, integrante y ex integrante, ambos en representación del Ministerio del Interior y Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA. En agosto se sobreseyó provisionalmente al ex procurador General de la República, Sergio Coscia.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de las tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.
Desde la Fiscalía adelantaron que van a sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar José Ortiz. Sostienen que cuentan con suficientes elementos de prueba para que el presente caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y los demás procesados por lesión de confianza.
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El pedido de los gremios
Ante la demora de la Justicia, representantes de los gremios del sector, manifestaron su disconformidad. En especial, teniendo en cuenta que uno de los acusados es Rubén Roussillón, que resultó electo como diputado en las últimas elecciones y el pasado 30 de junio juró en la Cámara.
Aníbal Salomón, presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, habló con el medio local ABC Color y dijo: “Roussillón tiene que rendir cuentas a la Justicia” y agregó en referencia al nuevo cargo legislativo del acusado: “Si tiene que ser desaforado, pues hay que hacerlo”.
Por su parte, Adriana Gorchs, presidenta de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), también habló con el medio paraguayo y dijo: “Confiamos en la Justicia y si hay personas que tienen que rendir cuentas ante la misma, serán juzgados seguro, con o sin fueros. Hay herramientas para privar de sus fueros a los parlamentarios”.
Respecto a las demoras en el proceso, Lorena Rojas, titular de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), dijo: “Necesitamos una condena. Vemos una suerte de sucesivas chicanas que finalmente pueden derivar en la prescripción de la causa” y remarcó que someterse al juicio es una forma de ejercer la defensa para determinar si tuvo participación o no.
Por último, la titular de Apoja cerró: “Nosotros necesitamos una condena que enseñe al empresario a ni siquiera intentar soluciones tan forzadas y contrarias al derecho, totalmente inconstitucionales y, sobre todo, carentes de un sentido social”.
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