La ANJL rechaza la creación de la CIDE-Bets
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías reiteró su rechazo al nuevo tributo del 15 por ciento sobre los depósitos de apostadores, aprobado por el Senado dentro del PL Antifación. La entidad sostiene que la medida fortalece a operadores clandestinos, genera inseguridad jurídica y contradice los objetivos de combate al crimen organizado. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados.
Brasil.- La aprobación del Proyecto de Ley 5.582/2025, conocido como Proyecto de Ley Antifacción, encendió nuevas alarmas en la industria del juego regulado en Brasil. El Senado Federal dio luz verde por unanimidad a la propuesta que endurece penas contra facciones criminales e introduce la CIDE-Bets, una contribución del 15 por ciento sobre los depósitos realizados por personas físicas en plataformas de apuestas.
Aunque el objetivo del proyecto es fortalecer el financiamiento del combate al crimen organizado, el sector cuestiona que la medida puede generar el efecto contrario. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) sostuvo que gravar directamente los depósitos crea un incentivo inmediato para la migración hacia operadores ilegales, muchos de ellos justamente vinculados a redes criminales.
“La base de cálculo elegida es desconectada de la realidad operativa del sector”, afirmó el presidente de la ANJL, Plínio Lemos Jorge, al señalar que existe una “creencia equivocada” respecto a que la carga total sería de apenas 12 por ciento. Para la entidad, el impuesto representa un costo adicional en un momento en que el mercado regulado aún se encuentra en pleno proceso de implementación normativa.
La ANJL y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) coinciden en que ningún país ha logrado resultados positivos al tributar depósitos de apostadores. Experiencias como las de Colombia y Holanda muestran caídas en la recaudación estatal y un fortalecimiento del mercado ilegal tras incrementos o distorsiones tributarias.
La lógica detrás del rechazo es sencilla: con un tributo del 15 por ciento, R$100 (US$18) depositados se convierten en R$85 (US$15), mientras que en el mercado clandestino mantienen su valor original. Para el sector, esta diferencia genera una “ventaja competitiva inmediata” para los operadores no regulados, afectando tanto la protección al usuario como la capacidad recaudatoria del Estado.
Además, las plataformas de apuestas funcionan como depositarias de los fondos de los clientes, y el dinero sigue perteneciendo al apostador incluso después de ser trasladado a la cuenta del operador. Para la ANJL, tributar esta etapa equivale a “cobrar un impuesto por depositar dinero en una cuenta bancaria o por cargar un tarjeta prepaga”, algo sin precedentes en el sistema tributario brasileño.
El sector insiste en que la creación de un nuevo tributo en un momento todavía incipiente de regulación genera imprevisibilidad e inseguridad jurídica, comprometiendo inversiones millonarias ya realizadas. La ANJL recordó que las empresas respondieron a un llamado del propio Estado para formalizar sus operaciones y aportar a un marco regulado que priorice la integridad de la actividad.
En paralelo, las plataformas licenciadas ya proyectaban para 2025 aportes cercanos a R$9.000m (US$1.652m) en tributos federales, además de obligaciones municipales y una tasa del 12 por ciento sobre el GGR establecida por la regulación reciente.
El relator del proyecto, senador Alessandro Vieira, defendió la medida afirmando que la CIDE-Bets podría generar hasta R$30.000m (US$5.500m), destinados a un fondo para equipamiento policial, infraestructura penitenciaria y operaciones de combate al crimen organizado. “Sin dinero, el combate al crimen no existe”, dijo durante la sesión.
Con las modificaciones introducidas en el Senado, el proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, donde la industria espera que se abra un debate técnico más amplio. Para la ANJL, ese diálogo es indispensable para evitar medidas que, en lugar de reducir la criminalidad, terminen fortaleciendo al mercado ilegal en detrimento del marco regulado que Brasil busca consolidar.
