Carlos Silva Alliende: “Un foro regional permitiría enfrentar un problema transnacional con una voz común”
El consultor independiente en regulación y asuntos corporativos analiza los desafíos de regular las apuestas online en América Latina. Advierte sobre los riesgos de la fragmentación normativa y propone crear un foro regional de reguladores para compartir información, coordinar acciones y fortalecer la fiscalización de un mercado que trasciende las fronteras nacionales.
Datos clave:
- América Latina todavía no cuenta con un foro regional formal de reguladores del juego online.
- La iniciativa permitiría compartir información sobre operadores licenciados, dominios bloqueados y sanciones.
- El primer objetivo, durante los seis meses iniciales, sería implementar una lista regional compartida mediante un memorando de cooperación.
- La fragmentación institucional, las diferencias legales y las dificultades técnicas son algunos de los obstáculos para coordinar acciones.
- Silva Alliende considera que la integración requiere compromisos verificables, intercambio de información y mecanismos de cooperación entre los países.
Entrevista exclusiva.- El avance del juego online en América Latina plantea un desafío que excede las capacidades de cualquier regulador nacional: las plataformas operan en distintos países, pero deben responder a marcos normativos, sistemas tributarios y criterios de fiscalización que no siempre coinciden. Para Carlos Silva Alliende, consultor independiente en regulación y asuntos corporativos y exfiscal y jefe de la división jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile, esa fragmentación terminó convirtiéndose en una ventaja competitiva para los operadores que buscan evitar las regulaciones locales. “El mismo sitio, el mismo sistema de pagos y el mismo equipo de cumplimiento para seis Estados que le dan seis respuestas distintas”, describió recientemente en una publicación en LinkedIn.
En ese contexto, Silva Alliende sostiene que las prohibiciones nacionales no alcanzan para abordar un fenómeno transnacional y que la región necesita avanzar hacia una integración regulatoria. Su propuesta es la creación de un foro de reguladores latinoamericanos que permita compartir información sobre operadores licenciados y plataformas bloqueadas, establecer estándares técnicos comunes y coordinar acciones frente a problemáticas como el lavado de activos, la protección de los jugadores y la tributación. En la siguiente entrevista exclusiva con Focus Gaming News, explica qué beneficios podría aportar esta iniciativa, cuáles son los obstáculos para ponerla en marcha y qué resultados concretos deberían alcanzarse para que la cooperación regional deje de ser una propuesta y se convierta en una realidad.
Usted propuso la creación de un foro de reguladores regional con acuerdos de cooperación, ¿qué beneficios traería a priori la conformación de este foro?
Estimo que traería, al menos, cuatro beneficios:
- Reduce el arbitraje regulatorio: hoy un mismo operador puede estar licenciado en un país y bloqueado en el vecino, y elige dónde instalarse según la regla más conveniente.
- Evita duplicar esfuerzos, porque lo que un regulador detecta, como un dominio bloqueado o un operador sancionado, puede alertar al vecino y servirle de antecedente, sin que tenga que repetir el trabajo de detección.
- Da una voz común, regional, frente a un problema transnacional, como los riesgos de lavado de activos que el GAFI examinó en su informe de septiembre de 2026.
- Y permite al Estado aprender de casos como el de Brasil antes de repetirlos.
Dicho eso, hay un techo realista: en Europa, el foro de reguladores y el acuerdo de cooperación de 2015, que no es vinculante, sirven para intercambiar información, no para reconocer licencias. Aun así, ese techo está muy por encima de donde está América Latina, que hoy no tiene ningún foro regional formal.
Si el foro se constituyera mañana, ¿qué resultado concreto debería entregar durante sus primeros seis meses?
Uno solo y medible: una lista compartida funcionando. Eso significa un memorando firmado por un grupo inicial de reguladores (por ejemplo, Coljuegos, MINCETUR, la DNLQ uruguaya y, una vez que la ley le dé la facultad, la Superintendencia chilena), un formato común de campos (razón social, dominios, estado de licencia, fecha y causal del bloqueo), al menos un ciclo de intercambio completado y un punto de contacto con un protocolo para solicitudes urgentes. No pediría estándares técnicos comunes ni reconocimiento de licencias en seis meses: eso viene después y exige más confianza. El primer semestre sirve para probar que la cooperación funciona antes de pedir más.
Usted menciona que Coljuegos propuso un foro regional en 2025 que no consta que se haya constituido. ¿Por qué cree que no avanzó y qué se puede aprender del MILA y de GAFILAT?
No conozco las razones concretas y no quiero atribuirlas. Lo que consta es que Coljuegos propuso una comisión iberoamericana de reguladores en la cumbre de Lima de mayo de 2025 y que no consta su constitución. No la daría por fracasada.
Mi hipótesis es que, al nacer en una cumbre comercial y no en un mandato de los gobiernos, nadie tenía a cargo el seguimiento, y que la región aún no tenía las condiciones para sostener esa cooperación. Hoy hay varios reguladores con marco propio, el GAFI publicó en septiembre de 2026 su examen del riesgo del juego online y reguladores de la región dicen en público que la cooperación es la única salida. Eso permite retomarla, esta vez con un mandato claro y un alcance acotado, porque los reguladores son de naturaleza muy distinta y una agenda amplia entre ellos es difícil de sostener.
El MILA partió con un memorando y no con un tratado, y apuntaba a una función concreta y acotada, que respondía a una necesidad del mercado y por eso este la respaldó. GAFILAT también surgió de un memorando y observo que tiene evaluación mutua contra las Recomendaciones del GAFI, lo que crea un incentivo reputacional para cumplir.
El foro de juego no tiene un estándar equivalente contra el cual evaluarse, así que podría combinar ambas experiencias: compromisos medibles desde el inicio y, a medida que haya confianza, una revisión entre pares orientada al aprendizaje, donde cada regulador conozca la experiencia de los demás.
Usted propone una lista compartida de operadores licenciados y de dominios bloqueados. ¿Qué obstáculos políticos, legales o técnicos ve para que los reguladores la acuerden?
Veo cuatro obstáculos.
- El primero es político: la legítima preocupación de cada regulador de no parecer que delega sus facultades en la decisión de un ente externo.
- El segundo es institucional: no todos los países tienen un regulador nacional. En Argentina hay 24 reguladores provinciales y en México el fisco grava sin que nadie licencie.
- El tercero es legal: cada jurisdicción define qué es ilegal y bajo qué procedimiento bloquea. En Uruguay el Decreto 366/017 (art. 3) exige dar vista a los interesados antes de ordenar el bloqueo; en Perú la ley faculta a MINCETUR a requerir el bloqueo a las entidades competentes (art. 6 letra h). Un bloqueo dictado bajo un estándar no se puede importar automáticamente a otro.
- El cuarto es técnico: es difícil identificar al operador real detrás de varios dominios.
Por eso el camino es que la lista circule como información y no como orden: cada Estado decide qué hacer con ella según su propia ley. Así, además, ningún regulador delega sus facultades.
«El camino es que la lista circule como información y no como orden: cada Estado decide qué hacer con ella según su propia ley».
Carlos Silva Alliende, consultor independiente en regulación y asuntos corporativos.
¿Es viable una autoexclusión transfronteriza sin armonizar previamente las leyes de protección de datos y juego responsable de cada país?
No, y estamos lejos aún de avanzar en ese sentido. Esto es distinto de la lista de operadores y dominios, que no contiene datos de personas.
La autoexclusión aborda otro ángulo de las externalidades negativas de los juegos de azar, relacionadas con el juego problemático, la salud mental, la sana convivencia y la protección del patrimonio personal y familiar. Consiste en que el jugador, por su propia voluntad, le pide al sistema que no lo deje jugar en los locales o plataformas. Para ello entrega información que puede calificarse como dato personal sensible. Además, es una decisión que, en cuanto autolimitación, no puede extenderse más allá de lo que la persona decidió y la ley dispone.
Si debo aventurar una reflexión, esto no puede abordarse solo desde el juego de azar. Requiere una estrecha colaboración entre la autoridad que gobierne la protección de datos personales, el regulador del juego y, por cierto, los organismos de salud pública y de educación.
Con todo, el juego online es un mercado transfronterizo, y un mismo operador que opera a ambos lados de la frontera ya tiene la información en sus dos plataformas. Con el consentimiento del jugador, podría extender la exclusión sin que intervenga un regulador. Ese es el punto de partida más realista.
¿Qué tendría que ocurrir en los próximos 12 meses para que pueda decir que la región avanza hacia la integración?
Para decir en doce meses que la región avanza, esperaría una secuencia verificable.
- Primero, un memorando firmado y un foro constituido, con la participación de al menos tres reguladores nacionales y, en las repúblicas federales, de los regionales. Es esencial que exista una secretaría que reciba la información, coordine y dé seguimiento al cumplimiento de los compromisos.
- Segundo, comenzado el intercambio, una lista compartida operando, con actualizaciones periódicas.
- Tercero, una acción coordinada real, por ejemplo, el bloqueo de un mismo operador, por dominio y por pagos, en más de un país, cada uno por su propia vía.
- Cuarto, el reconocimiento mutuo, entre al menos dos reguladores, de un laboratorio de certificación.
Todo esto requiere un marco legal que dé a cada regulador facultades y mecanismos de cooperación regional. Por eso esperaría que al menos una de las leyes en tramitación, como la chilena, los incluya. Se trata de un fenómeno internacional que afecta la integridad de los sistemas financieros y, más importante aún, la salud de la población.
Si dentro de doce meses cada país sigue cambiando su marco sin coordinar, la región no habrá avanzado, por mucho que se hayan hecho conferencias.
«Se trata de un fenómeno internacional que afecta la integridad de los sistemas financieros y, más importante aún, la salud de la población».
Carlos Silva Alliende, consultor independiente en regulación y asuntos corporativos.