Fenabanca denuncia prácticas desordenadas en la industria del juego en República Dominicana
La federación considera que la ausencia de controles generó un escenario ideal para las irregularidades.
República Dominicana.- La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) se sumó públicamente a los reclamos por la incertidumbre que está atravesando el sector de juegos de azar en el país, poniendo a las autoridades bajo el foco definiendo su accionar como un «desorden imperante» que perjudica a la industria.
A través de un comunicado, la federación respaldó las recientes declaraciones de líderes religiosos que reclamaron mayor organización del sector y sostuvo que la situación actual es consecuencia directa de la falta de acción de los organismos responsables. En ese sentido, recordó que el Ministerio de Hacienda es la entidad facultada para regular, organizar y supervisar todas las actividades vinculadas al juego, de acuerdo con lo establecido en la Ley 253-12.
Fenabanca denunció que la ausencia de controles generó un escenario ideal para las irregularidades, incluyendo la expansión desordenada de bancas de apuestas, la comercialización ilegal a través de dispositivos ambulantes prohibidos por la ley, y prácticas de competencia desleal que provocaron la salida del mercado de numerosos empresarios.
La federación también advirtió sobre la presunta influencia de actores políticos y sectores vinculados al narcotráfico en la actividad, e incluso sugirió la posible complicidad entre funcionarios públicos y grupos con poder económico dentro de la industria.
Otro de los puntos señalados fue el reclamo por la falta de diálogo institucional. Fenabanca aseguró que tanto la federación como sus asociaciones están siendo ignoradas por las autoridades, a pesar de contar con derechos contractuales vigentes desde 1999 y de haber participado históricamente en los procesos de regularización del sector.
Por último, la entidad hizo un llamado a los distintos sectores de la sociedad dominicana a pronunciarse sobre la situación, al considerar que se trata de un asunto de interés nacional, tal como lo establece el Decreto 63-22.
