España crea un nuevo órgano para prevenir y sancionar los fraudes masivos

Se trata de un instrumento que refuerza y amplía la capacidad del Estado para garantizar los derechos de los consumidores.

España.- El Ministerio de Consumo, con Alberto Garzón a la cabeza, anunció la conformación de la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador. Se trata de un organismo innovador a nivel nacional que tendrá entre sus principales funciones las de vigilar, inspeccionar y sancionar a aquellos que desempeñen prácticas empresariales abusivas, atentando contra las personas consumidoras.

Tras la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la norma que regulaba este mecanismo empezó a regir a partir del pasado 28 de mayo. Tal como exige la Unión Europea, su espíritu estaba destinado a procurar la existencia de procedimientos administrativos en materia de consumo que deriven en sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Según el tipo de infracción, se establecieron cuatro categorías de multas:

• Leves: entre €150 y €10.000, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
• Graves: entre €10.001 y €100.000, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
• Muy graves: entre €100.001 y €1.000.000, aunque podrán ser superiores hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Esta sanción lleva también aparejada la publicidad de la resolución sancionadora.
• Generalizadas o generalizadas con dimensión en la Unión Europea: hasta el 4 por ciento del volumen de negocio anual del empresario infractor en España.

Estas infracciones se aplicarían ante riesgos o daños para la salud o la seguridad de la población, incumplimiento de las normas reguladoras de precios o introducción de cláusulas abusivas en los contratos, entre otras. El mayor antecedente fue el caso Dieselgate, ya que a diferencia de otros países del continente, en esa oportunidad España no pudo penalizar lo ocurrido por falta de un mecanismo sancionador acorde.

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Todas estas iniciativas se dictaron en pos del desarrollo de la justicia social, igualdad y sostenibilidad se dan en el marco de una serie de políticas de protección que se planean para este año 2023, con un presupuesto de 17 millones de euros.

Entre ellas también se encuentra el Sistema Arbitral de Consumo, con importantes subvenciones para las Juntas Arbitrales regionales y locales del país. Además, el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar en los próximos meses la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

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