El Senado brasileño vuelve a intentar votar el aumento impositivo a las apuestas online en medio de negociaciones y resistencias internas
La Comisión de Asuntos Económicos vuelve a incluir en su pauta el proyecto que duplica del 12 al 24 por ciento la tasa aplicada sobre las apuestas deportivas, tras dos semanas de aplazamientos por falta de acuerdo político y temor a un rechazo en la Cámara de Diputados. El relator Eduardo Braga rediseña su informe en secreto, mientras el sector presiona por alternativas y senadores piden priorizar el combate al mercado ilegal.
Brasil.- La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado brasileño vuelve a intentar hoy (26 de noviembre) la votación del Proyecto de Ley 5.473/2025, que propone duplicar del 12 al 24 por ciento la carga impositiva sobre las casas de apuestas de cuota fija y elevar la Contribución Social sobre el Lucro Líquido (CSLL) para fintechs y bancos. La sesión, marcada para las 10h, llega después de dos intentos frustrados por falta de consenso y por la preocupación de que un eventual avance en el Senado termine siendo rechazado en la Cámara de Diputados.
El proyecto, impulsado por el presidente de la CAE, Renan Calheiros, complementa el PL 1.087/2025, que amplía la exención del Impuesto a la Renta para quienes ganan hasta R$5.000 (US$937) mensuales. El relator Eduardo Braga, ya había presentado un parecer a comienzos de noviembre, pero desde entonces trabaja en una versión revisada cuyo contenido mantiene bajo estricto sigilo. Según fuentes parlamentarias, ni sus aliados más cercanos conocen la calibración final de las alícuotas para evitar presiones de última hora sobre senadores indecisos.
La propuesta enfrenta resistencias dentro de la propia CAE. Senadores como Ângelo Coronel han insistido en que más del 50 por ciento del mercado de apuestas opera en la clandestinidad y que elevar la carga solo incentivará la migración hacia plataformas ilegales. “No es honesto aumentar la tributación de quienes están legalizados sin antes enfrentar la evasión”, había alertado el legislador en la sesión del 5 de noviembre.
El propio Braga ha reconocido en conversaciones privadas que un aumento solo tendría sentido si el gobierno consigue reforzar el combate al mercado no autorizado, compartiendo así uno de los principales argumentos del sector.
La estrategia política también pesa. El gobierno quiere evitar que el texto llegue debilitado o sea rechazado en la Cámara, como ocurrió con la Medida Provisoria 1.303, que perdió vigencia y dejó al Ejecutivo sin una herramienta fiscal clave. En ese contexto, Braga mantiene un diálogo reservado con líderes de Diputados para asegurar que cualquier acuerdo sellado en el Senado no se desmorone al momento de ser analizado en la Cámara.
Mientras avanza la discusión legislativa, operadores del mercado regulado han intensificado sus esfuerzos para frenar un aumento considerado excesivo. Parte del sector propuso al gobierno un esquema de pago retroactivo de impuestos correspondientes al período previo a la regulación, lo que podría generar una recaudación inmediata estimada en R$12.500m (US$2.300m). La idea busca servir como “moneda de cambio” para limitar la alícuota efectiva a un máximo del 15 por ciento.
Aunque Hacienda no se ha pronunciado oficialmente sobre la propuesta, el secretario de la agencia de recaudación, Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ya había afirmado a comienzos de año que las empresas que tuvieron actividad económica antes de la legalización “deberían haber tributado sus ingresos”.
La CAE analizará el PL 5.473/2025 en carácter conclusivo: si el proyecto es aprobado y no se presenta un recurso con al menos ocho firmas, seguirá directamente a la Cámara sin pasar por el Plenario del Senado. La decisión es clave para el plan fiscal del gobierno para 2026, que cuenta con la recaudación extra de bancos, fintechs y apuestas deportivas para financiar la ampliación de la exención del IR y cerrar el presupuesto del próximo año.
La sesión de hoy se perfila como una de las más tensas de las últimas semanas, en un escenario donde confluyen necesidad de ingresos, presión política, disputas sectoriales y la dificultad histórica de encarar el mercado ilegal. El éxito o fracaso del proyecto dependerá de cuánto consiga Eduardo Braga equilibrar esos factores en su informe final, un documento que, por ahora, sigue guardado bajo llave.
