El “Caso Loterías” por el contrato entre RTVE y SELAE vuelve al Parlamento español
El Partido Popular exige una investigación interna por el incumplimiento del contrato con SELAE y denuncia ocultación de pruebas.
España.– El Partido Popular ingresó al Congreso una iniciativa para que se abra una investigación en RTVE por el escándalo por el incumplimiento del contrato con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El episodio, que habría generado pérdidas superiores a EUR 1 m, se convirtió en eje de las críticas durante la última Comisión Mixta de Control Parlamentario.
El diputado popular Ángel Ibáñez acusó a la actual dirección de pasar de la negligencia a una “presunta ocultación” de pruebas, con el objetivo de tapar un agujero económico millonario. Según su intervención, la Dirección de Recursos Humanos habría bloqueado el envío de documentos clave a la unidad de cumplimiento, impidiendo que se investigara a fondo la pérdida patrimonial.
“Se priorizó deliberadamente la programación de La Revuelta por encima de las obligaciones firmadas con SELAE. No fue un error, fue una decisión consciente, continuada y ocultada”, denunció Ibáñez.
Las acusaciones
De acuerdo con la información publicada por El Mundo, el conflicto se remonta a 2024, cuando RTVE modificó de manera unilateral el horario acordado para la transmisión del sorteo de la lotería en la televisión pública. El contrato con SELAE, valorado en EUR 57,2 m por dos años, establecía que la emisión debía realizarse entre las 21:45 y las 22:30. Sin embargo, para proteger la audiencia de su nuevo programa La Revuelta, la cadena decidió retrasar la retransmisión hasta las 23:10. Esta decisión generó un fuerte malestar en SELAE, que reclamó sanciones de hasta EUR 1,5 m.
Como medida compensatoria, RTVE optó por integrar el sorteo dentro del nuevo programa, mezclando contenido editorial con el acto oficial de la lotería. Aunque la maniobra pasó relativamente desapercibida para el público general, fue considerada polémica desde el plano institucional, ya que alteraba la naturaleza del contrato y la visibilidad del evento.
Actual proceso legal
El parlamentario aseguró que, aunque inicialmente se intentó responsabilizar a mandos intermedios, estos aportaron mails y mensajes que demostrarían que las órdenes provenían directamente de la presidencia interina y del comité de dirección. En su relato, la cúpula habría remitido a Auditoría un “resumen edulcorado” para forzar el archivo del expediente, alegando una prescripción legal que no se habría sostenido de haberse presentado las comunicaciones originales.
Ibáñez acusó al presidente del Consejo de Administración, López Sánchez, de aplicar una “omertà institucional” para proteger a su equipo directivo, permitiendo que un daño millonario al erario público quede impune.
Por su parte, López Sánchez defendió que los hechos denunciados asegurando que no son parte de su gestión y sostuvo que tanto Recursos Humanos como la Asesoría Jurídica concluyeron que no existió infracción o que, en todo caso, estaría prescrita.
El Partido Popular insiste en que no se trata de un error administrativo, sino de una decisión deliberada que generó pérdidas directas en una entidad financiada con dinero público.
