La disputa legal entre SELAE y la RTVE concluyó sin sanciones
El dictamen final confirmó las “infracciones graves” de parte del canal, pero al llegar el expediente a Recursos Humanos ya había prescrito.
España.- El largo proceso legal entre la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la corporación pública RTVE, que durante meses recibió críticas sobre transparencia, contratos y manejo editorial, concluye con un dictamen de auditoría interna que señala “infracciones graves”, pero que no deriva en sanciones personales ni institucionales.
Según reveló el medio local El Mundo, el conflicto se originó en 2024, cuando RTVE decidió alterar unilateralmente el horario pactado para la emisión del sorteo de lotería en televisión pública. El contrato entre RTVE y SELAE, valorado en EUR 57,2 m por dos años, estipulaba que la retransmisión debía tener lugar entre las 21:45 y las 22:30. Para proteger la audiencia de un nuevo programa, La Revuelta, la cadena televisiva retrasó la emisión al horario de las 23:10. Este movimiento provocó un fuerte malestar en SELAE, que reclamó sanciones de hasta EUR 1,5 m.
Para compensar la falta, RTVE incluyó el sorteo dentro del programa nuevo, mezclando el contenido televisivo editorial y el acto del sorteo mismo. Este paso, que pasó relativamente desapercibido para el ojo público, fue considerado un movimiento controversial desde el punto de vista institucional.
El informe
Debido a esto, el conflicto escaló al ámbito parlamentario. La Comisión Mixta de Control Parlamentario convocó al presidente del Consejo de Administración de RTVE, José Pablo López, quien prometió un informe sobre lo ocurrido. Finalmente, la Auditoría interna de la corporación concluyó que sí hubo «infracciones laborales graves» en la gestión del contrato con SELAE, donde se identificaron como responsables a Gemma Sánchez Pareja, directora de Antena, y Javier González Núñez, director comercial.
Sin embargo, al llegar las conclusiones al departamento de Recursos Humanos, el expediente fue archivado. Se alegó que los hechos habían prescrito, amparándose en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, debido a que la investigación se prolongó tanto que superó los plazos máximos de instrucción legalmente permitidos.
Esto trajo críticas sobre la falta de transparencia en la gestión de la televisión pública española. Sin embargo, la relación contractual con SELAE se renovó en 2025, incluso sumando una modificación del contrato para elevar los montos en la producción y emisión de programas relacionados, superando los EUR 31,7 m con IVA incluido.
