Denuncian supuestos pagos a legisladores para impulsar la ley de juegos de azar en República Dominicana
La Fundación Primero Justicia y representantes de bancas de apuestas reclamaron una investigación sobre un supuesto movimiento de dinero para favorecer la aprobación del proyecto, que el Senado retomó recientemente.
República Dominicana.- La discusión sobre el proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los juegos de azar en República Dominicana sumó una nueva controversia luego de que organizaciones vinculadas al sector denunciaran un supuesto movimiento de dinero para favorecer su aprobación en el Congreso Nacional.
Las acusaciones fueron realizadas por Miguel Surún Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia, quien solicitó a la Procuraduría General de la República investigar el presunto pago a legisladores para impulsar la iniciativa.
“De comprobarse la entrega de dinero a legisladores para impulsar el proyecto, podría tratarse de un hecho sancionado por la legislación penal”, sostuvo Surún Hernández, quien pidió determinar quiénes estarían detrás de las supuestas operaciones y cuál sería su objetivo.
El dirigente participó de una protesta junto con representantes de propietarios de bancas de apuestas, quienes cuestionaron distintos aspectos de la propuesta que actualmente se encuentra nuevamente bajo análisis del Senado.
Surún Hernández afirmó que la iniciativa podría facilitar la regularización de más de 20.000 bancas de apuestas que, según denunció, actualmente operan al margen de las normas vigentes. También señaló que algunas de ellas estarían ubicadas cerca de escuelas e iglesias.
El presidente de la Fundación Primero Justicia cuestionó además que la reforma pueda beneficiar principalmente a un grupo reducido de concesionarias y expresó su preocupación por una eventual expansión de los establecimientos de apuestas, particularmente por sus efectos sobre los menores de edad.
Las declaraciones se producen mientras el Senado de la República Dominicana revisa las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto. La iniciativa establece, entre otras medidas, un período de diez años sin nuevas licencias para bancas de lotería una vez publicado el registro oficial de licenciatarios y propone crear la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como nuevo organismo regulador.
El proyecto también contempla distancias mínimas para los establecimientos de juego, nuevas reglas para las operaciones online, un impuesto del 10 por ciento sobre las ventas brutas de los juegos por internet y mayores sanciones para las actividades que funcionen sin autorización.
Reclaman controles sobre las bancas
Durante la protesta también intervino Carmen Minaya, presidenta de la Asociación de Bancas de Santo Domingo Este, quien pidió al Ministerio Público y al Ministerio de Hacienda investigar la existencia de establecimientos ubicados a menos de 200 metros de centros educativos y otras instituciones.
Minaya aseguró que las organizaciones han presentado denuncias y documentación ante las autoridades sobre negocios que, según afirmó, continúan funcionando pese a presuntos incumplimientos de las regulaciones actuales.
También cuestionó a determinadas concesionarias por supuestamente realizar pagos de premios y operar juegos virtuales, prácticas que, según su denuncia, deberían derivar en sanciones y, en caso de reincidencia, en la cancelación de los permisos.
Los manifestantes reclamaron que el Congreso convoque a las autoridades responsables de regular la actividad para que expliquen las medidas adoptadas frente a las denuncias y plantearon que las normas vigentes deberían hacerse cumplir antes de aprobar nuevas disposiciones para el sector.
