Demandan al Estado de Baja California por la destrucción de máquinas tragamonedas
Golden Gaming reclama un pago de USD3.4m en concepto de los daños causados al patrimonio de la empresa, por la destrucción de 170 máquinas.
México.- La empresa Golden Gaming demanda al Estado el pago de más de USD 3,4m, luego de que, por orden de la administración del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se destruyeran 170 slots que, según la empresa que se dedica a alquilar máquinas tragamonedas para los casinos, eran legales.
En la demanda se reclama el pago de USD335,530, por los daños causados al patrimonio de la empresa, al habérsele privado ilícitamente de la propiedad y posesión, así como la destrucción de los slots. Además del pago de USD3m en concepto de los perjuicios sufridos por la empresa, al dejar de percibir las ganancias lícitas que le proporcionaban las máquinas de que fue desposeída.
Según se describe en la demanda publicada por el medio local La voz de la frontera, que fue presentada a la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública, con sello de recibida el 1 de agosto del 2022, el pasado 27 de febrero del 2020, las autoridades ahora responsables de esta reclamación, Fiscalía General del Estado de Baja California, por conducto del Fiscal Regional y hoy director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García y agentes a su mando.
“Así como personal del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, se constituyeron en la bodega o almacén del ex-Ejido Zacatecas de esta ciudad, donde se resguardaban las máquinas enumeradas con la finalidad de privar a mi mandante de la posesión de dichos bienes”, sostiene el escrito.
En la presentación judicial, aseguran que no existía “mandamiento de autoridad judicial o administrativa competentes, suficiente para allanar un domicilio particular y para asegurar los objetos o bienes que ahí se encontraran y fueren objeto de búsqueda, como órdenes de cateo, de visita o de inspección, que reunieran los requisitos constitucionales y legales requeridos para ello”.
Además, la empresa demandante asegura que, al pretender demostrar que las máquinas se encontraban legalmente en el país, con la documentación idónea para ello, “hicieron caso omiso a las manifestaciones de los responsables del lugar con objeto de que revisaran la documentación exhibida para el fin acabado de indicar”.
Según se establece en la demanda, «solo recibieron como respuesta toda respuesta el lujo de fuerza, tanto física como moral, ya que se presentaron en forma amenazante y aparatosa a bordo de vehículos oficiales y portando armas de fuego de alto poder, encañonando con ellas a los presentes en el local donde se practicó la ilegal diligencia».
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