Cruces entre la Unión y Loterj: recrudece la disputa por la jurisdicción de operación de las casas de apuestas
La Procuraduría General de la República busca prohibir a Loterj para autorizar empresas a operar en todo Brasil. Cuál fue la respuesta de la compañía carioca.
Brasil.- La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF), una petición en la Acción Civil Original interpuesta por la Abogacía General de la Unión (AGU) con el objetivo de prohibir a la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj) para autorizar casas de apuestas deportivas online en todo el país. La acción de la AGU solicita la concesión de una medida cautelar para que cese inmediatamente la prohibición de explorar la actividad fuera de Río de Janeiro.
La petición firmada por el Procurador General de la República, Paulo Gonet, registra que la Unión sostuvo que el incumplimiento del parámetro de territorialidad impacta directamente la explotación de la actividad de loterías de apuestas de contrapartida por parte de agentes autorizados por la Unión (ámbito nacional) y por otras entidades federadas (en sus respectivos territorios).
La Unión presentó un comunicado, reforzando la existencia de un conflicto federativo debido a la flexibilización del parámetro de territorialidad y la usurpación de la competencia material y legislativa exclusiva de la Unión. Señaló que los Estados de Paraná, Maranhão y Minas Gerais enviaron un comunicado a la Unión. El Ministerio de Hacienda informa sobre la ilegalidad practicada por Loterj y el impacto en las loterías estatales. A su vez, reiteró la afirmación de que Loterj no estableció mecanismos para combatir el lavado de dinero.
Según Gonet la “admisión de apuestas que se consideran realizadas en el Estado, aunque realizadas por apostantes que no se encuentren físicamente en Río de Janeiro, es una forma de extrapolación de la competencia material del Estado, así como la limitación de la base geográfica que el legislador impuso a las actividades de las empresas dispuestas a operar en el sector de lotería”.
Paulo Gonet sostiene que el “reconocimiento del derecho adquirido a explorar la actividad fuera de los límites territoriales del Estado de Río de Janeiro, la persona jurídica acreditada ante la Loterj – y no ante el Ministerio de Hacienda – tiene el potencial de generar discordia federativa, dadas las consideraciones de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda.
Al final de la petición, el fiscal registra que “hay evidencia de que existen elementos que demuestran la probabilidad del derecho a otorgar las medidas preliminares solicitadas por la Unión. El peligro de daño surge, a su vez, del impacto en la concordia federativa que genera el funcionamiento, en todo el territorio nacional, de apuestas acreditadas únicamente por la Loterj”.
La respuesta de Loterj
Loterj presentó una solicitud para impugnar el dictamen preliminar de la PGR y “reiterar razones esenciales para impugnar la solicitud preliminar formulada e indicar cuestiones que necesariamente deben ser abordadas” por el ministro informante Edson Fachin.
“Llama la atención sobre el elocuente silencio de la Unión y la PGR en relación al hecho ya ampliamente discutido y presentado en estos documentos de que a la actual fecha no se ha expedido una sola autorización federal y mucho menos precedida por una licitación, ni la SPA ha completado ninguna etapa de evaluación de las condiciones legales, técnicas, económico-financieras o de idoneidad de sus operadores”, acusa la entidad.
Loterj señala que no se concedió ninguna licencia a nivel federal y ningún real fue recaudado como subvención fija o variable por parte de la Unión, a pesar de la “amplia y profusamente difundida lista “nacional” de empresas “autorizadas” para operar en todo el país, hasta finales de año y durante el llamado “período de adaptación”.
“Con el debido respeto, no se entiende cómo es posible que la Unión hable de riesgos para los “compromisos legales y transnacionales de prevención del lavado de dinero” por parte de las licencias estatales de Loterj, mientras ella misma (la Unión), en un claro estado de cosas inconstitucional, ha fomentado la exploración offshore y es inaccesible a la inspección o imposición de más de doscientos sitios web y marcas de apuestas”, comenta.
Loterj señala que la solicitud de una medida cautelar contra una operación regular y licitada de acreditados ante una autoridad estatal roza el absurdo mientras, simultáneamente, existe una tolerancia o indulgencia generalizada con las operaciones extraterritoriales y desde paraísos fiscales, en detrimento de todos y cada uno de los intereses públicos posibles.
“Sin acreditar una sola empresa a nivel federal, la Unión quiere impedir la exploración de los mismos servicios a nivel estatal por parte de Loterj, y de todas sus empresas acreditadas que pasaron por un riguroso procedimiento de licitación, empresas brasileñas, vinculadas a un único método de pago. También anteriormente licitadas y en funcionamiento en Brasil, las únicas empresas que actualmente recaudan impuestos en el país, incluidos los federales”, se queja la Autarquía.
