Críticas de especialistas a la prohibición de apuestas online para beneficiarios de programas sociales en Brasil
La decisión del gobierno brasileño de restringir el acceso de beneficiarios de Bolsa Família y BPC a las apuestas online genera preocupación entre especialistas. Alertan sobre riesgos de inconstitucionalidad, aumento del mercado ilegal y la ineficacia de la medida.
Brasil.- La reciente medida del gobierno federal de Brasil, que prohíbe a los beneficiarios de programas sociales como Bolsa Família y el Beneficio de Prestación Continuada (BPC) participar en apuestas online, ha desatado un intenso debate entre expertos del sector. La iniciativa, anunciada por el secretario de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, Regis Dudena, busca cumplir una decisión unánime del Supremo Tribunal Federal (STF) de noviembre de 2024, que exige evitar el uso de fondos asistenciales en actividades de juego. Sin embargo, especialistas advierten que la implementación podría ser contraproducente y vulnerar derechos fundamentales.
Bernardo Cavalcanti Freire, consultor jurídico de la Asociación Nacional de Juegos y Loterias (ANJL), considera que la interpretación del Ministerio de Hacienda es errónea. “La decisión del STF prohíbe el uso de los beneficios de Bolsa Família y BPC en apuestas, pero no impide que los beneficiarios participen en ellas con otros recursos. Esta restricción total es peligrosa porque empuja a los jugadores hacia el mercado clandestino, justo cuando se busca combatir la ilegalidad”, afirmó Freire en diálogo con el medio brasileño InfoMoney.
El abogado propone alternativas como la creación de cuentas exclusivas para los pagos de beneficios, que impidan transferencias directas a plataformas de apuestas, o la suspensión temporal de beneficiarios que usen fondos asistenciales para apostar. “Prohibir completamente a los beneficiarios realizar apuestas es invasivo y desigual. Es inconstitucional. ¿Qué sigue, prohibirles comprar alcohol porque reciben ayuda social?”, cuestionó, alertando sobre una posible violación de derechos individuales.
Raphael Paçó Barbieri, especialista en derecho deportivo de CCLA Advogados, coincide en que la medida simplifica un problema complejo. “Restringir a los beneficiarios de Bolsa Família es populista y no aborda la raíz de la ludopatía, que afecta a toda la población, no solo a los más vulnerables. Hay beneficiarios que apuestan de forma responsable, mientras que el problema del juego compulsivo es mucho más amplio”, explicó a InfoMoney. Barbieri subraya que las plataformas podrían bloquear accesos por CPF, pero esto no soluciona el desafío mayor: la falta de políticas integrales para prevenir el juego patológico.
Un punto central de las críticas es el impacto de la prohibición en el mercado de apuestas no regulado. Alexandre Fonseca, CEO de Superbet Brasil, advirtió en una entrevista con Folha que excluir a los beneficiarios crea “ciudadanos de segunda clase” y podría fortalecer a los operadores ilegales. “La industria apoya bloquear el uso de fondos asistenciales para apuestas, pero prohibir completamente la participación es un error. Los sistemas de pago actuales permiten segregar los fondos de beneficios sin excluir a las personas”, afirmó, alertando sobre un posible “apartheid financiero”.
Fonseca destacó que el sector regulado, operativo desde hace menos de un año, enfrenta ya presiones adicionales, como una propuesta de aumento de impuestos del 12 al 18 por ciento, lo que podría debilitar a las empresas licenciadas frente a los operadores clandestinos. Según datos del Ministerio de Hacienda, de los 17,7 millones de brasileños que apostaron en el primer semestre de 2025, muchos podrían migrar a plataformas ilegales si las restricciones son excesivas.
La Defensoría Pública de la Unión (DPU), en un pedido para participar como amicus curiae en el caso del STF, también abogó por un enfoque equilibrado, solicitando límites a la publicidad de apuestas y mayor protección para apostadores vulnerables, en lugar de restricciones generales.
La medida, que comenzará a implementarse en septiembre de 2025 con un sistema de verificación vía API desarrollado por Serpro, enfrenta obstáculos técnicos señalados por la Abogacía General de la Unión (AGU). Según la entidad, bloquear el uso de fondos asistenciales es complejo, ya que las cuentas de los beneficiarios no son exclusivas para estos recursos, y compartir datos personales con plataformas de apuestas podría violar la Ley General de Protección de Datos (LGPD).
