Controversia en Chile por la custodia de máquinas incautadas durante un procedimiento contra casinos ilegales
Los abogados defensores de los imputados hablan de una posible vulneración de la cadena de custodia; la Fiscalía lo descarta.
Chile.- El proceso judicial contra los denominados “casinos del pueblo” en Chile, formalizado en 2024 tras múltiples allanamientos, enfrenta un nuevo flanco de controversia. Los abogados defensores de los imputados denunciaron que la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), querellante en la causa, financió el arriendo de bodegas y el traslado de más de 1.600 máquinas incautadas durante los procedimientos.
El hecho fue reconocido en audiencia por el ex fiscal y actual abogado del gremio, Carlos Gajardo, quien explicó que la magnitud del decomiso y los costos de conservación llevaron a que la ACCJ asumiera el pago inicial de bodegas utilizadas para el resguardo. Según documentos oficiales, la Fiscalía Regional del Biobío autorizó que la custodia fuese proporcionada por la parte querellante, aunque a título gratuito.
Para los abogados defensores, esta situación pone en riesgo la validez de la prueba. El abogado de uno de los imputados, Giovanni Gotelli, advirtió que la Fiscalía “perdió el control absoluto de las especies” al no tener información sobre los contratos de arriendo ni de transporte. Otros representantes, como Marcelo Villena y César Irribarra, plantearon que esta decisión podría traducirse en una violación de la cadena de custodia, presentando denuncias incluso ante el fiscal nacional.
Desde el Ministerio Público, la fiscal del caso, Pamela Lillo, defendió la medida, señalando que se adoptó ante la falta de bodegas institucionales pero aclaró que “en ningún minuto la Fiscalía perdió la custodia”, dado que el acceso a los recintos está bajo control exclusivo del ente persecutor y de la Policía de Investigaciones (PDI).
El debate de fondo sigue abierto: mientras la Fiscalía insiste en que se trata de máquinas de azar operadas sin autorización, las defensas sostienen que corresponden a juegos de destreza. A ello se suman los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso, dado que una de las partes con intereses directos en la causa colabora con la custodia de la evidencia.
Los abogados advierten que estas irregularidades podrían derivar en la nulidad de diligencias clave y afectar la continuidad del juicio. También denuncian retrasos en peritajes solicitados hace meses y consideran que la extensión de medidas cautelares severas contra los imputados configura una suerte de pena anticipada.
