Conajzar presenta denuncias penales por uso ilegal de tragamonedas en la vía pública
Venció el plazo para que los comercios retiren las máquinas de la vía pública en el marco de la ley de tragamonedas.
Paraguay.- Ya transcurrieron los 30 días establecidos para la implementación de la ley de tragamonedas. El 27 de diciembre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó el decreto a través del cual se reglamenta la legislación que dispone que los controles estarán a cargo de los municipios y de la Comisión Nacional de los Juegos de Azar (Conajzar).
En ese sentido, la Conajzar puso cartas en el asunto para asegurar que se cumpla la ley y lanzó una serie de operativos para sacar de la vía pública las máquinas. Estas acciones, además del retiro de los slots que no cuentan con la autorización de la comisión, incluyen la presentación de denuncias penales contra sus propietarios.
La Ley 6903/22 prohíbe terminantemente que menores de edad puedan jugar con las máquinas tragamonedas. Además establece la total prohibición de que las máquinas tragamonedas estén en la vía pública, por lo que ya no se tolerará la presencia de slots en despensas, kioskos, ferreterías, al aire libre o cualquier lugar público. Asimismo, estas máquinas deberán estar resguardadas en lugares alejados de la vista de los menores, en locales que estén correctamente habilitados por el municipio.
Esta normativa obliga a los municipios a ajustar sus ordenanzas en forma inmediata y a proceder a hacer cumplir la misma sin más trámites. Además, la Conajzar como ente regulador procederá a realizar los controles de manera estricta.
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La ley de tragamonedas establece el monitoreo y control de la recaudación de las tragamonedas como medida para dar trazabilidad al dinero, es por eso que, a partir de este decreto, los municipios deberán informar a la Conajzar acerca de todos los comercios exclusivos de juegos de azar de máquinas electrónicas (excepto los casinos) que hay en su área y el canon que cobran.
También se estipula que esos comercios deben ser recintos cerrados y con entrada restringida, con carteles visibles de prohibición de ingreso a menores de edad. En caso de que se violen las disposiciones, las autoridades deberán incautar y destruir las máquinas. Además, el infractor se expone a la aplicación de una multa equivalente a un salario mínimo vigente, el cual se duplicará y triplicará, sucesivamente.
