Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil aprueba proyecto para que bancos monitoreen y bloqueen apuestas ilegales
La iniciativa obliga a entidades financieras y empresas de pago a identificar transacciones sospechosas vinculadas a operadores clandestinos y compartir información con las autoridades. El texto aún debe pasar por la Comisión de Constitución y Justicia y luego por el plenario de la Cámara.
Brasil.- La Comisión de Finanzas y Tributación (CFT) de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que busca reforzar el combate contra las apuestas ilegales mediante nuevas obligaciones para bancos e instituciones de pago.
La propuesta, identificada como el PL 4.044/2025 y presentada por la diputada federal Laura Carneiro, establece que las entidades financieras deberán monitorear transacciones sospechosas relacionadas con operadores de apuestas no autorizados y compartir información sobre posibles fraudes detectados.
El texto convierte al sistema financiero en un actor central en la fiscalización del mercado, con el objetivo de interrumpir el flujo de recursos hacia plataformas clandestinas. Para ello, las instituciones deberán implementar sistemas automatizados capaces de detectar patrones sospechosos y operaciones recurrentes vinculadas a sitios de apuestas ilegales.
Además, el proyecto prevé sanciones para las entidades que incumplan las nuevas obligaciones. Entre las penalidades figuran multas proporcionales al volumen de transacciones no reportadas y la posibilidad de responsabilización solidaria en casos de negligencia comprobada en las tareas de monitoreo.
La iniciativa también contempla restricciones operativas para empresas que presenten fallas recurrentes en el cumplimiento de las medidas, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de sus actividades.
Otro de los puntos del proyecto es la creación de un sistema integrado de intercambio de información entre instituciones financieras, operadores autorizados y organismos reguladores. Según el texto, este mecanismo permitiría identificar con mayor rapidez patrones de fraude y coordinar acciones para bloquear operaciones ilegales.
Las instituciones deberán conservar registros detallados de las transacciones sospechosas durante un período mínimo de cinco años y ponerlos a disposición de las autoridades competentes cuando sean requeridos.
De ser aprobado definitivamente, los bancos y empresas de pago tendrán un plazo de 180 días desde la sanción de la ley para adaptar sus procesos internos e implementar los sistemas de monitoreo exigidos. Tras recibir el aval de la Comisión de Finanzas y Tributación, el proyecto continuará ahora su trámite en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ) antes de ser sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.
