Comienza el proceso de reorganización del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza
El Ejecutivo mendocino promulgó la Ley 9.718.
Argentina.- El gobierno de Mendoza, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, promulgó este jueves 23 de julio la Ley 9.718, que contempla, entre otros puntos, la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza). La iniciativa también incluye la adhesión al RIMI, la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y la liquidación de activos de la DAABO.
La ley ya fue publicada en el Boletín Oficial, por lo tanto, se da inicio al proceso de reorganización del IPJyC Mendoza. La ley faculta al organismo, por el plazo de un año, a modificar su estructura, funciones y puestos de trabajo con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico y garantizar su sostenibilidad financiera. Además, suspende temporalmente algunas restricciones presupuestarias para facilitar ese proceso y autoriza al Ejecutivo a realizar los aportes necesarios para asegurar el funcionamiento del instituto.
Esta propuesta permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo a la inversión”, según afirman los considerandos.
La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.
Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 por ciento de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.
Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal», garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.
Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.
A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.
Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.
La posible reestructuración
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó que la propuesta responde a los cambios registrados en los hábitos de consumo vinculados al juego y a la pérdida de rentabilidad de algunas unidades operativas. Según indicó, este escenario se vio agravado por el incendio que afectó a la sala de San Martín.
“Todo eso llevó a repensar las distintas estructuras del Instituto de Juegos y Casinos y promover una readecuación de aquellas que hoy le generan ingresos a la provincia, que son recursos que se destinan principalmente al sistema de salud, y eliminar aquellas que ya no los generan”, señaló el funcionario.
Fayad aclaró que aún no se definió qué salas podrían verse alcanzadas por eventuales cierres, aunque reconoció que esa posibilidad forma parte de las alternativas en análisis.
