Brasil refuerza el combate contra las apuestas ilegales: ya fueron bloqueados más de 60.000 sitios
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados nuevas medidas contra las plataformas no autorizadas, que incluyen el bloqueo de recursos, el combate al lavado de dinero y mecanismos para resarcir a usuarios afectados por fraudes. El TCU, por su parte, pidió una mayor coordinación entre los organismos del Estado.
Brasil.- El Gobierno brasileño reforzó su estrategia contra las plataformas de apuestas ilegales y anunció nuevas medidas para bloquear sus recursos financieros, durante una audiencia pública realizada el martes 11 de agosto en la Cámara de Diputados. Según informó la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, más de 60.000 sitios ilegales ya fueron bloqueados en el país.
La presentación se realizó ante la Comisión Externa destinada a discutir los actos de piratería y la agenda denominada “Brasil Legal”, en una audiencia dedicada específicamente a los impactos de la piratería sobre el mercado de apuestas online.
El subsecretario de Monitoreo y Fiscalización de la SPA, Carlos Renato Xavier de Resende, explicó que el control de las plataformas comenzó de manera manual en enero de 2025 y que desde octubre del mismo año el bloqueo de sitios ilegales pasó a realizarse de forma automatizada.
Resende, sin embargo, advirtió sobre la dificultad de eliminar completamente el mercado no autorizado. “En ningún lugar del mundo un mercado ilegal fue eliminado”, señaló durante la audiencia.
Además del bloqueo de dominios, el Ministerio de Hacienda busca avanzar sobre los recursos utilizados por las plataformas ilegales y sus facilitadores financieros.
Según explicó Resende, la legislación reciente contra el crimen organizado incorporó mecanismos destinados a impedir que estas operaciones sean utilizadas para el lavado de dinero.
La SPA también anunció nuevas medidas para bloquear recursos pertenecientes a empresas ilegales y establecer mecanismos de resarcimiento para las víctimas de fraudes.
El funcionario explicó que, una vez bloqueados los fondos, los consumidores que hayan sido perjudicados podrán presentarse y demostrar que parte de ese dinero les pertenece para solicitar su devolución. Si la empresa no logra acreditar el origen legal de los recursos al finalizar el proceso, estos podrán ser destinados al Estado brasileño y posteriormente al Fondo Nacional de Seguridad Pública.
La estrategia busca así ampliar el combate más allá del bloqueo de sitios y alcanzar también los circuitos financieros que permiten que las plataformas continúen operando.
El TCU pide mayor coordinación
La audiencia también permitió conocer las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) sobre el combate a las apuestas ilegales.
Wesley Vaz, secretario de Control Externo de Gobernanza del TCU, defendió una actuación coordinada entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Receita Federal, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Policía Federal.
Las recomendaciones forman parte del Acuerdo 1296/2026, aprobado por unanimidad por el Plenario del TCU en mayo y centrado en los controles públicos destinados a prevenir y combatir el lavado de dinero asociado a las apuestas ilegales.
Entre los principales puntos planteados por el tribunal aparecen una mejor coordinación entre los organismos, una mayor automatización de los mecanismos de detección, el intercambio de información y un monitoreo más activo de los sitios ilegales.
Vaz resumió la necesidad de actuación estatal en tres frentes: bloquear mejor los dominios, interrumpir los flujos financieros y sancionar a los operadores ilegales y a quienes facilitan su actividad. El TCU también recomendó establecer protocolos formales de intercambio de información y sistemas de detección automatizada que permitan identificar las plataformas de manera más proactiva.
El funcionario aclaró que las conclusiones del TCU constituyen recomendaciones y no determinaciones obligatorias. El tribunal prevé comenzar durante este año la verificación de las medidas adoptadas por los organismos involucrados.
Nuevas herramientas para cortar el circuito financiero
Durante la audiencia también se repasaron algunas medidas adoptadas después de la resolución del TCU.
Entre ellas, Vaz mencionó la Resolución 569 del Banco Central, que incorporó indicios de actuación como operador no autorizado y de prestación de servicios financieros a estos operadores dentro de los mecanismos de intercambio de información antifraude entre instituciones.
También destacó la Ordenanza 1.766 del Ministerio de Hacienda, que estableció responsabilidad tributaria solidaria para instituciones financieras y de pago que contribuyan a la explotación irregular, y el Decreto 13.033, que estableció el bloqueo de valores identificados en estas operaciones en un plazo de hasta 24 horas, bajo las condiciones previstas por la normativa.
El representante del TCU remarcó, no obstante, que la efectividad de estas medidas todavía no había sido evaluada oficialmente por el organismo.
