Brasil prohíbe a beneficiarios de programas sociales apostar en plataformas online
El Gobierno endureció las normativas que obligan a las operadoras a bloquear el acceso de usuarios del Bolsa Familia y el BPC, en línea con decisiones del Supremo Tribunal Federal. El sector respalda la medida como mecanismo de protección a públicos vulnerables.
Brasil.- El Gobierno brasileño oficializó la prohibición para que beneficiarios del Bolsa Familia y del Beneficio de Prestación Continuada (BPC) participen en sitios de apuestas deportivas y juegos online. La medida, publicada en el Diario Oficial a través de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, responde a resoluciones del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Las nuevas normativas obligan a las operadoras a verificar el número de CPF de cada usuario al momento de registrarse y en el primer inicio de sesión diario. En caso de detectarse la condición de beneficiario, el sistema marcará “Impedido – Programa Social” y se deberá negar el registro o cerrar la cuenta existente en un plazo máximo de tres días. Antes de la exclusión, la empresa deberá notificar al usuario y garantizar la posibilidad de retirar fondos en un plazo de dos días. Los montos no reclamados en 180 días se transferirán al Fondo de Financiamiento Estudiantil (Fies) y al Fondo Nacional para Calamidades Públicas (Funcap).
La normativa también establece revisiones periódicas de todas las cuentas cada 15 días y prohíbe que las operadoras realicen campañas de readmisión a usuarios que dejen de ser beneficiarios. En paralelo, el Ministerio reforzó la obligación de cancelar apuestas en curso y devolver los recursos en caso de exclusión.
El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) manifestó su apoyo a la medida, al considerar que los recursos destinados a la subsistencia son “incompatibles con actividades de entretenimiento pago”. La entidad recalcó que el bloqueo representa un mecanismo de protección adicional para personas en situación de vulnerabilidad y advirtió sobre la necesidad de intensificar el combate a las plataformas clandestinas, que operan sin controles ni garantías al consumidor.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) cuestionó la legalidad de la normativa. En una Nota Técnica enviada al Ministerio de Hacienda, la entidad sostuvo que el bloqueo automático de beneficiarios “extrapola” lo decidido por el STF, que había prohibido únicamente el uso del dinero de los subsidios en apuestas, pero no impedía que esas personas utilizaran recursos de otras fuentes. Según el presidente de la ANJL, Plínio Lemos Jorge, la medida no solo carece de respaldo legal, sino que además “podría empujar a los beneficiarios hacia el mercado ilegal, donde no existen controles, límites ni mecanismos de juego responsable”.
El año pasado, un informe del Banco Central reveló que alrededor de 5 millones de familias beneficiarias de Bolsa Familia empleaban ese dinero mensualmente en apuestas deportivas, lo que encendió las alarmas del Gobierno y llevó a que se adopten medidas para evitar la situación.
