Avanza en Mendoza el proyecto de reorganización del Instituto de Juegos y Casinos
La iniciativa del Ejecutivo provincial recibió el aval de tres comisiones y será debatida próximamente en la Cámara de Diputados de Mendoza.
Argentina.- Un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó despacho favorable, por mayoría de votos, al proyecto de “Ley macro” del Poder Ejecutivo que contempla, entre otros puntos, la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza).
Gracias al aval del plenario de tres comisiones compuesto por Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); y Economía, Energía, Minería e Industrias, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto con el respaldo de legisladores del oficialismo y aliados.
Según detalla la fundamentación de la propuesta, la iniciativa permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo a la inversión”.
Respecto a la reestructuración del IPJyC Mendoza, el proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.
La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.
Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 por ciento de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.
Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal», garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.
Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.
A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.
Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.
La posible reestructuración
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó que la propuesta responde a los cambios registrados en los hábitos de consumo vinculados al juego y a la pérdida de rentabilidad de algunas unidades operativas. Según indicó, este escenario se vio agravado por el incendio que afectó a la sala de San Martín.
“Todo eso llevó a repensar las distintas estructuras del Instituto de Juegos y Casinos y promover una readecuación de aquellas que hoy le generan ingresos a la provincia, que son recursos que se destinan principalmente al sistema de salud, y eliminar aquellas que ya no los generan”, señaló el funcionario.
Fayad aclaró que aún no se definió qué salas podrían verse alcanzadas por eventuales cierres, aunque reconoció que esa posibilidad forma parte de las alternativas en análisis.
